Evidenciar la corrupcion ahora
Son múltiples las denuncias que desde diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, y en diferentes épocas, se han hecho respecto a la gestión del petróleo en el Ecuador. Una situación semejante ocurre en ámbito mundial. No en vano al mineral se lo ha calificado como el excremento del diablo, pretendiendo referir las implicaciones negativas de su existencia en los países que lo poseen.
Lamentablemente, frente a ellas, el actual Gobierno adoptó una actitud de rechazo a todas las críticas relacionadas con actos de corrupción, desechándolas a priori y pretendiendo descalificar a quienes se atrevieron a realizarlas.
Sin embargo, la presión de la opinión pública determinó la necesidad de tomar ciertas medidas que dieran la impresión de estar decididos a un manejo incorruptible. Así se llegó, incluso, a colocar en distintas posiciones claves de la administración de Petroecuador a distinguidos oficiales de nuestra Marina, con la oposición de algunos de sus miembros, que observaron con inquietud que sus inmaculados uniformes blancos pudiesen mancharse con el negro aceite de piedra.
Pese a ello y otras decisiones, no se tomaron en serio las advertencias respecto a manipulaciones en la comercialización del crudo, entrega de pozos para exploración, sobreprecios en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas o en el movimiento de tierras para la potencial construcción de la refinería del Pacífico, entre las múltiples que se hicieron.
Así ocurrió también en relación a distintas denuncias de corrupción en otros campos de la administración pública, tal cual la adquisición de medicamentos y equipos médicos o ambulancias, hasta material destinado a la defensa nacional, como helicópteros o radares, aun ahora desestimadas.
Llamativo resulta que recientemente, y sabiendo que ciertos funcionarios poseen inversiones en paraísos fiscales, se haya hecho conocer la voluntad de investigar en ellos evidencias de enriquecimiento ilícito por parte de servidores públicos ecuatorianos. Conviene que también se hagan públicas las acciones de la Contraloría, la cual está realizando exámenes especiales en Petroecuador.
Sería dañino para la institucionalidad republicana que recién cuando el actual Gobierno termine sus funciones se corroboren las denuncias, tal cual está sucediendo en la Argentina.
