Uno de los sectores más afectados por la corrupción es el de la salud pública. Varios negociados en la adquisición de ambulancias y medicamentos o en las construcciones hospitalarias fueron denunciados desde el inicio de la bien llamada década perdida. De entonces a la fecha, la punta de ese negativo iceberg reapareció con motivo de la clausura intempestiva y fuera de todo protocolo, del hospital Alfredo J. Valenzuela.

Por ello, y coincidiendo con el criterio de múltiples organizaciones sociales vinculadas con la atención a la salud y el cuidado de la enfermedad, se ha venido insistiendo en la necesidad de que se declare a la provincia del Guayas en emergencia sanitaria.

Las razones justificantes son múltiples: Guayaquil y la provincia tienen las cifras más alarmantes del país en una serie de patologías crónicas (hipertensión, diabetes). Igualmente son alarmantes las cifras que reportan los afectados con el VIH, que superan el 53 % de todos los casos nacionales. Igual sucede con los de tuberculosis, que mantienen una cifra semejante, con el agravante de significar el 84 % de los afectados con bacilos resistentes a las drogas.

Si a lo señalado se suman las muertes ocasionadas por el crecimiento de la violencia: delincuencial o doméstica; las que son productos de los mal denominados “accidentes” de tránsito y las generadas por las adicciones de diverso tipo, el panorama se observa nada alentador. Peor con la cercanía de la estación invernal, que propicia la emergencia de vectores de enfermedades tropicales. Por ello es grato poder reseñar la gran movilización social que lo arriba expuesto está generando.

Ayer se dio una marcha reclamando la reapertura del hospital Valenzuela y se escuchó plantear la necesidad de iniciar juicios penales para establecer responsabilidades, dado que ya hay pacientes fallecidos luego de la clausura del nosocomio en mención.

Simultáneamente, exministros de salud de diversas administraciones se han unido conformando un foro destinado a plantear soluciones frente a la emergencia en salud que vive la provincia. Sus planteamientos abarcaron desde un análisis de la situación hasta visiones prospectivas, sin descuidar temas vinculados a la formación de los recursos humanos en salud.

Ojalá sus demandas sean escuchadas por las autoridades correspondientes.