Siendo imposible que cada ciudadano dé su opinión y se haga caso a la mayoría en todas y cada una de las decisiones que rigen un país, los sistemas de participación democráticos se encargan de poner en las manos de unos pocos la voz de todos. Y así se convive.

Ecuador, con una Asamblea con 137 legisladores elegidos directamente por los ciudadanos, maniobró hace una década, bajo la batuta del expresidente Rafael Correa, para que ciertos nombramientos -trascendentales para mantener el Estado en orden y sin trampas- recayeran exclusivamente en la mano de cuatro personas. Solo cuatro. Los que sumaban la mayoría de un Consejo de Participación Ciudadana, que nació ya desacreditado y que creció reduciendo aún más la confianza en su pulcritud. En contraste con el escaso respaldo social, ese cuerpo tenía el control de tareas tan importantes como seleccionar, por citar algunos, a quienes fiscalizarían en qué se gastaba el Estado el dinero de todos, a quienes determinarían si hay fraude electoral, a quienes estudiarían la norma suprema para evitar resoluciones anticonstitucionales. Semejante encargo, en cuatro cabezas. Supuestamente con el cometido de hacer lo que mejor representase a la voluntad de 16 millones de personas. Con la misión de ‘estatizar’ la participación ciudadana.

Pero siempre es más fácil intuir lo que quiere una sola, con mucho poder, que lo que aspiran muchísimas otras con un altavoz muy limitado.

Esos antecedentes oscuros han acompañado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como institución. No se han desvanecido las dudas sobre la conveniencia de depositar en un órgano tan reducido la opinión de todo Ecuador ni siquiera con la renovación de sus miembros y la depuración de las decisiones pasadas. De ahí, las voces externas e internas que proponen la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. La lógica y, sobre todo, la prevención justifican la desaparición de un órgano que tiene la llave de todos los poderes.

Ni siquiera la alternativa de votar entre una sábana de 200 nuevos candidatos elimina el excesivo riesgo de depositar en siete miembros (con una mayoría de cuatro) el futuro de Ecuador y su institucionalidad, aún resquebrajada tras la última década.