Espinosa denuncia a EXPRESO por linchamiento mediatico

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Espinosa denuncia a EXPRESO por linchamiento mediatico

Abusos sexuales. Espinosa quiere convertir el debate sobre su papel en el escándalo de abuso escolar en un debate sobre el papel de los medios.

Abusos sexuales. Espinosa quiere convertir el debate sobre su papel en el escándalo de abuso escolar en un debate sobre el papel de los medios.

Augusto Espinosa formalizó la acusación que ya había lanzado en sus redes sociales. El asambleísta por PAIS y exministro de Educación de Rafael Correa solicitó a Carlos Ochoa, titular de la Supercom, procesar a Diario Expreso por “linchamiento mediático”. Adjuntó a su demanda los recortes del seguimiento informativo realizado por Expreso en la Asamblea sobre el escándalo de abuso infantil en las escuelas que lo involucra.

Así Espinosa pasa a la ofensiva en el debate público en torno a sus responsabilidades que se ha desatado en todos los escenarios políticos: la Asamblea, el Ejecutivo, las Cortes y las redes. Hasta el momento, ese debate incluye una demanda penal presentada por la sociedad civil, un juicio político que aún no ha agotado sus recursos y una investigación abierta en Fiscalía por pedido del Ministerio de Educación.

El juicio político fue inadmitido por el CAL el pasado lunes 13, pero la asambleísta que lo impulsa, Jannine Cruz (CREO), ha solicitado al organismo reconsiderar su decisión sobre la base de un argumento constitucional. Según ella, el CAL excedió sus competencias, actuó “sin atribución legal previa de potestades” y violó, con esto, el principio de legalidad.

Cruz argumenta que las atribuciones del CAL se limitan a determinar la “admisibilidad de la solicitud de juicio político (...) En ningún momento la norma faculta al CAL analizar la argumentación y la valoración de la prueba adjunta, pues eso se evacúa en la fase de sustanciación”, que tiene lugar en la Comisión de Fiscalización.

Mientras Jannine Cruz trata de mantener con vida el juicio político en el CAL, un nuevo frente se abrió para el asambleísta en la Comisión de Educación, que él preside. El miércoles 15, Dallyana Passailaigue (PSC) le solicitó informar a la Comisión sobre sus responsabilidades en el escándalo de abusos sexuales y planteó la posibilidad de impugnar su presidencia. El exministro solo se comprometió a conversar sobre el tema a puerta cerrada.

Al día siguiente el debate se trasladó a las Cortes y pasó de las responsabilidades políticas a las penales. El Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador acusaron a Augusto Espinosa de tres posibles delitos: fraude procesal, omisión de denuncia y tortura. Según Ramiro García, presidente de los abogados, “las pruebas de ocultamiento son claras”. Espinosa, asegura la demanda, “conoció las denuncias de abuso sexual y tortura, pero no lo puso inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente”.

También hay documentos que apuntan a demostrar retaliaciones ejercidas contra denunciantes de estos casos, prohibición expresa de referirse a ellos en público y protección de docentes implicados.

Mientras tanto, en la Fiscalía, el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, pidió investigar 82 resoluciones administrativas adoptadas por las Juntas Distritales de Solución de Conflictos, de casos que fueron archivados desde el año 2015. El Ministerio quiere conocer, en palabras de Sáenz, si fue una decisión apegada a la ley o si se debieron judicializar los mencionados delitos. Si se tratara de lo segundo, el Ministerio pidió la emisión de “dictámenes acusatorios”

Este es el estado del debate público que Augusto Espinosa traslada ahora a la Superintendencia de Comunicación: un escenario donde no se discuten sus responsabilidades políticas o penales, sino el papel de los medios de comunicación en su cobertura informativa sobre el escándalo.