Se malogró el saludo a la bandera. A la celebración del Día de la Niña en el Pleno de la Asamblea (con arreglos florales, invitados especiales, conmovedores discursos infantiles y retórica de ocasión) se juntó la noticia de que Augusto Espinosa, el exministro de Educación responsable de una cadena de omisiones en el escándalo de abusos sexuales en escuelas y colegios, se encuentra presidiendo una subcomisión encargada, precisamente, de organizar un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Lo confirmó el 11 de octubre Dayllana Passailaigue (PSC, integrante de la Comisión de Educación) en una rueda de prensa convocada para presentar su proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). ¿Cómo ocurrió tal cosa?

Miércoles 5 de septiembre: en el debate sobre la LOEI en la Comisión de Educación, una representante de la Unesco habla de la necesidad de crear un sistema de protección. Silvia Salgado, presidenta de la Comisión, sugiere conformar una subcomisión para que elabore una propuesta. Augusto Espinosa se ofrece: “Me gustaría participar -dice el exministro- porque se puede trasladar mucho de la experiencia que tuvimos en mi período de gestión”. Período de gestión durante el cual los niños abusados sexualmente en las escuelas fueron desprotegidos por negligencia ministerial, según apunta el informe de la Comisión Aampetra, presidida por la misma Salgado. La oficialista Noralma Zambrano se suma. Passailaigue no asiste a la sesión y no hay quien se oponga. Sin votación ni debate, la subcomisión queda aprobada con Espinosa como presidente.

Silvia Salgado no da muestras de percibir la contradicción. Ayer, en uno de los puntos más importantes de la sesión en homenaje al Día de la Niña, ella presentó el informe de la Comisión Aampetra, constituida para investigar los casos de abusos sexuales en las escuelas. Sin nombrar a Espinosa, pintó el desolador panorama de “conductas negligentes”, “omisiones en la aplicación de normas” y “naturalización de la violencia sexual en el espacio educativo” durante el período investigado, que coincide con el de Espinosa a cargo del Ministerio. Habló del “incumplimiento del principio de reparación integral de víctimas” y de la inexistencia de “un sistema de información fiable”, un “registro único de casos”, un “sistema de alerta temprana”, en fin, todo aquello que Espinosa se jactaba de haber creado.

A pocos escaños de distancia, el exministro escuchaba como si no fuera con él la cosa. Y, de ahí en adelante, la sesión se desarrolló como si tampoco. Vibrante de buenas intenciones y declaraciones retóricas. “Resolución para ratificar el compromiso de seguir legislando en beneficio de los niños, niñas y adolescentes”: aprobada por unanimidad. Firma del ‘Pacto Guardianes por los derechos de los niños, niñas y adolescentes’, con la participación de tres ministros y otros funcionarios: sonrisas y fotos de familia. Discursos de las niñas, siete en total, elocuentes y enternecedoras: ovación cerrada.

También se creó una comisión ocasional de nueve miembros (otra) para atender “temas y normas” relacionados con la infancia. Como ocurre en esta Legislatura con las comisiones ocasionales, esta parece haber sido creada para alejar esos temas de las comisiones permanentes presididas por correístas, especialmente la de Justicia, que dirige Marcela Aguiñaga y donde la propuesta de regular la tenencia compartida no tuvo buena fortuna. A nadie se le ocurrió proponer a Augusto Espinosa para esa Comisión.

Mientras tanto, el exministro que fue depuesto de la presidencia de la Comisión de Educación por su negligencia en el tratamiento de los casos de abuso sexual en las escuelas, continúa debiendo una comparecencia ante la Fiscalía, donde debía presentarse el pasado 2 de agosto para rendir su versión sobre el escándalo. Nunca fue, pero ya está listo para crear, con la anuencia de Silvia Salgado, el sistema de protección de los niños y las niñas, cuyo día clásico celebró ayer con harta enjundia.

Judicatura

La tercera es la vencida

Finalmente hubo humo blanco. La terna del oficialismo para el Consejo de la Judicatura se aprobó ayer en el tercer intento y en la fecha límite con 66 votos a favor de 118 presentes. Esta vez fue Gabriela Larreátegui (SUMA) quien mocionó los tres nombres: Fausto Murillo, Elsy Celi y Gustavo Benalcázar. Este tercer nombre parece ser el que agrada a su partido, pues en la primera votación, cuando no estaba en la terna, se había opuesto. Al parecer, nadie los conocía: fue necesario leer sus hojas de vida antes de tomar la votación.