A la espera de respuestas y de la entrega de cuerpos. Así permanecen los familiares que aún no han recibido los restos de sus allegados que fallecieron en 2020 por COVID-19, porque sus cadáveres se extraviaron en contenedores de hospitales y de morgues de Guayaquil.

Greta Encalada es una de estas personas. Ya no supo más de su hermana luego de que Criminalística levantó el cuerpo de su domicilio tras dos días de haber fallecido. “La teníamos en una habitación. La pusieron en una funda y se la llevaron. Me dijeron: ‘Señora, nuestra labor termina cuando la ingresamos a la morgue, no le puedo decir que me hago responsable, solo la traslado’. Desde ahí no supimos qué hicieron con el cuerpo de ella, perdimos la pista”, lamentó.

Así también María Alvarado, quien no sabe nada del cadáver de su esposo, Adalberto Alay, desde el domingo 29 de marzo, cuando falleció mientras estuvo internado en el hospital del Seguro Social de Los Ceibos. “Se hicieron de inmediato los trámites para sacarlo y el lunes cuando llegamos con los papeles, ¡oh sorpresa!, no estaba el cuerpo y el papel de su ficha médica, que lo identificaba, estaba en el suelo, como si nada. Buscaron y nunca lo encontraron”.

Ambas mujeres se sorprendieron al enterarse de que el Servicio Nacional de Medicina Legal alista un plan para la exhumación de los cuerpos no identificados, para que después, en caso de que aparezca alguien que los reclame y que sea compatible con el perfil de ADN del cadáver, puedan ir a retirarlos en el lugar que se les indique. Se trata de 56 restos que permanecen en contenedores en la morgue de Guayaquil.

“¿Qué es lo que Fiscalía hará? Liberar estos cuerpos de los cuales tenemos este perfil biológico para que puedan ser inhumados, es decir enterrados, por parte del Estado de forma técnica, embalados, bien rotulados y cada cuerpo con su código en un sitio aislado solo para esa persona”, expuso Fabiola Robalino, directora zonal 5 y 8 del Servicio Nacional de Medicinal Legal.

Diario EXPRESO consultó a Fiscalía si existe un lugar identificado para la inhumación, pero evadió la respuesta mediante un escrito, al señalar que “no es de competencia de Fiscalía el inhumar a los cadáveres”.

No obstante, detalló que en la ciudad de Guayaquil han sido entregados 104 cadáveres a los familiares para que sean inhumados de forma particular. Adicionalmente fueron inhumados 52 cadáveres por parte del Estado, una vez que los familiares señalaron que no tenían recursos económicos.

Además, nueve cadáveres identificados tienen problemas en el Registro Civil, por temas de trámites administrativos, “y/o que no han sido retirados por familiares”.

Alvarado y Encalada rechazan este tipo de declaraciones porque enfatizan que siempre están buscando a sus familiares, pero que desde las entidades no se emite respuesta alguna. Una muestra es que al recibir el resultado de que ninguno de los 56 cuerpos que reposan en las dependencias del Servicio de Medicina Legal es su familiar, no existe mayor interés en resolver el problema.

“Supuestamente puede ser que lo hayan cremado y están haciendo un seguimiento, pero en ningún momento me han vuelto a llamar”, resaltó Encalada, quien forma parte de un grupo de 32 familias que aún buscan cuerpos de fallecidos con COVID-19.

Por su parte, Alvarado no pertenece a ninguna agrupación y señaló que “a estas alturas” no sabe a quién pedirle ayuda, porque “hasta los abogados señalan que el caso está en Quito y que no hay ningún resultado. En Criminalística dicen que espere que me llamen, pero ya va más de un año y nada, ya ni trabajan ahí”.

Ambas lamentan la oscuridad en el proceso y sostiene que hay “más cuerpos perdidos de los que se contabilizan en Fiscalía”.

• Transcurso

El proceso para la identificación

En julio de 2020 la Fiscalía General del Estado dispuso el traslado de 216 cadáveres con antecedentes y presunción de COVID-19, desde los centros de acopio temporal de los hospitales Guasmo Sur, Ceibos, Monte Sinaí y Teodoro Maldonado Carbo hasta la Unidad de Medicina Legal, para su identificación. Los perfiles genéticos están subidos a la base de datos del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales AFIS, plataforma que además de tener el registro de las víctimas de las masacres carcelarias, tiene también el registro de las personas desaparecidas a nivel nacional, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de quienes pueden portar armas.