Con la limitación del uso de pruebas de diagnóstico de COVID-19 gratuitas en los centros de salud pública; y las filas de ciudadanos pugnando por pagarse una en los laboratorios particulares, usuarios en las redes sociales han abierto el debate sobre la conveniencia o no de que el país autorice la venta libre de test caseros en las farmacias, como han hecho ya otros países.

“En EE.UU. y en España venden pruebas caseras para test de COVID en las farmacias y en supermercados. ¿Y en Ecuador? Bueno acá las pruebas de los laboratorios privados debes llevarlas personalmente al seguro social”, escribe, por ejemplo, el usuario Luis Miranda en su cuenta de Twitter.

Entre los argumentos a favor están que ello reduciría las aglomeraciones que se ven en estos días en los centros médicos privados, lo que a su vez aumenta el riesgo de más contagios ya que muchos de los que acuden lo hacen porque tienen síntomas de la enfermedad.

También alegan que agregaría una opción de precios menor a los que cobran los laboratorios particulares, lo cual permitiría que más personas confirmen o descarten que están contagiadas de COVID-19.

Consultada al respecto, la ministra de Salud, Ximena Garzón, descartó que Ecuador piense adoptar esa estrategia.

Básicamente, alega que no hay evidencia de que esa medida haya ayudado a controlar la pandemia en esos países. Y que la mayoría de las pruebas rápidas de antígenos suelen entregar falsos negativos, lo que daría a las personas contagiadas una sensación de falsa seguridad y saldrían a la calle a seguir transmitiendo el virus.

La doctora (PhD) en Farmacología, Mónica Tarapués, ve "razonable" y “fundamentado” ese criterio. Sin embargo, cree que es momento de actualizar los lineamientos en la lucha contra la pandemia, integrando más los sistemas. Allí sería de utilidad la venta de pruebas de diagnóstico en las farmacias, siempre que esto se haga en el marco de una estrategia de Salud.

Reconoce que, en efecto, existe el riesgo de que la población no sepa identificar un posible falso negativo ni qué hacer en esa situación. Por eso considera que sería necesaria la información previa del Ministerio de Salud en ese sentido.

También advierte de que “hay pruebas y pruebas”, algunas no tan confiables, por lo que ve indispensable la participación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) y de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), en el control de la calidad y precio de las pruebas cuya venta al público se autorice.

También coincide en que esa oferta permitiría que un mayor sector de la población que no puede pagar una prueba RT-PCR en un laboratorio privado, acceda a un test casero y se haga la prueba, pero asegurándose de que los resultados sean comunicados a Salud, para que no se produzca un subregistro de los casos.

“Negarse a la posibilidad de tener estas pruebas en las farmacias no es una buena estrategia, sobre todo viendo que ómicron tiene una capacidad de transmisión muy alta comparada con las otras”, reitera.

EL HECHO: ECUADOR TIENE UNA BAJA CAPACIDAD DIAGNÓSTICA

Al margen de los argumentos de Salud para restringir la aplicación gratuita de las pruebas y oponerse a la venta de estas en las farmacias, Ecuador está entre los países que menos test de diagnóstico realiza. 

Epidemiólogos reiteran que la capacidad de detección e identificación de los casos y variantes permite a las autoridades tomar decisiones informadas y más efectivas.