Mientras el Ministerio de Salud restringe la aplicación de pruebas gratuitas de diagnóstico de COVID-19 en medio de un nuevo brote de la enfermedad y miles de personas pugnando por una de ellas; los laboratorios médicos particulares se llenan de usuarios que pueden pagar por una y la única escasez que sufren es de más personal para darse abasto ante la demanda.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, alegó que la decisión de limitar la aplicación de las pruebas gratuitas, condicionándolas a una orden o prescripción previa del médico del sistema público que atienda al usuario, busca la optimización de recursos disponibles. Esto es, según las cifras proporcionadas por esa cartera de Estado, más de 200.000 test de antígenos y 30.000 de RT-PCR, estas últimas, las más fiables.

La ministra Garzón adujo que existe una escasez mundial de pruebas de diagnóstico. Citó el caso del estado de Florida, de Estados Unidos, que se ha quedado sin ellas en estos días. Y anunció que el país espera el arribo de otras 300.000 pruebas hasta fines de enero.

No obstante, médicos epidemiólogos y analistas que siguen la evolución de la pandemia en Ecuador y en el mundo, discrepan con la decisión de Salud y sus argumentos.

“No hay ninguna escasez a nivel mundial como dice la ministra de Salud. Simplemente no se prepararon y buscan justificaciones”, expresó el analista de datos Carlos Oporto, quien diariamente comparte cifras relacionadas con la pandemia a través de Twitter.

Precisamente, acompaña esa afirmación con un gráfico que muestra la cantidad de pruebas de diagnóstico que realizan Estados Unidos y países de la región como Uruguay, Chile y Panamá, todos muy por encima de Ecuador.

La doctora y magíster en Epidemiología y en Salud Pública, Andrea Gómez, ha venido señalando desde el inicio de la pandemia la falta de una adecuada vigilancia epidemiológica a través del testeo con las pruebas de diagnóstico. Anota que esto es clave para conocer la situación de la pandemia, el índice de positivos sintomáticos y asintomáticos; o dónde se están produciendo los contagios.

Lamenta que el actual Gobierno que invirtió en la vacunación, “que no es una cosa menor”, en cambio no haya tenido una preocupación similar por el diagnóstico y, en general, “por el fortalecimiento integral del sistema de salud”.

Para Gómez, esa decisión afecta sobre todo a personas de escasos recursos que no pueden pagar el precio de una prueba en el sistema privado. Y más si se trata de una familia, pues allí se multiplican los costos.

Coincide con Oporto y afirma que no hay evidencia de escasez de pruebas de diagnóstico a nivel mundial. Y aclara que lo ocurrido en Florida se debe a un retraso en la entrega de los tests y no porque no haya.

Este Diario buscó la versión de laboratorios como Synlab y gremios privados como Alafar sobre la afirmación de la ministra, pero indicaron que sus voceros no estaban disponibles por motivos de viaje o agenda.

EL SUBREGISTRO: MÁS CASOS QUE NO SE CONOCERÁN

En marzo y abril de 2020, en la fase inicial de la pandemia, la alta demanda y el elevado costo de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 impidieron que miles de personas con sospecha de haberse contagiado, pudieran confirmarlo o desvirtuarlo. 

Incluso, miles de las muertes ocurridas en esos días se atribuyeron a esa enfermedad, pero no pudieron confirmarse y hasta ahora el país no sabe cuántas personas murieron realmente por COVID-19.

La situación puede repetirse ahora por la alta cantidad de personas con síntomas o sospechas que no pueden hacerse la prueba por el costo de ellas en los centros privados y la restricción en los centros públicos que solo la aplicarán bajo receta médica. Lo cual deja también por fuera a los casos de personas con síntomas leves y a los asintomáticos.