Ensanamiento de la justicia
La primera persona que me habló de la necesidad de la justicia indígena dentro del territorio ecuatoriano fue Lourdes Tibán, 20 años atrás. Recuerdo mis risas a sus historias en México, cuando llegó vestida de criolla y la admiración que sentí por ella cuando en ese país se reconoció a sí misma decidiendo que abandonaría el tinte rubio para su pelo negro, las minifaldas y tacones de aguja porque no correspondían a su condición orgullosamente indígena, decidiendo además que trabajaría incansablemente por el pluralismo jurídico en Ecuador (lo sigue haciendo y hoy es catedrática en la Universidad UniAndes de Ambato). La gente se ríe con ella y también se enfurece. La hemos visto trabajar, pelear, defenderse y, sobre todo, soltar una lengua afilada para repudiar a quienes considera enemigos políticos. El martes último, y como pocas veces, no la vimos. Es decir, su propuesta e intervención en la Asamblea Nacional pasó casi desapercibida posiblemente por la avalancha de noticias urgentes que nos copan todos los días. En esa sesión Lourdes Tibán pidió a la Asamblea la Jurisdicción Indígena para el pueblo Saraguro, de manera que sean tribunales indígenas los que juzguen a los 22 encausados por el delito de obstaculizar servicios públicos (cierre de la vía Loja-Cuenca
durante las protestas de agosto pasado). Por increíble que parezca, en una asamblea dominada por el oficialismo, solo 16 votaron en contra de esa propuesta, que finalmente no pasó. Hubo 39 votos a favor (de los llamados opositores) ¡y 67 abstenciones! No tengo que explicar qué significan 67 abstenciones en la bancada oficialista. Es obvio que no todos llegan al cinismo de aplaudir lo que ha hecho un tribunal penal de Loja al haber sentenciado a cuatro años de prisión a dos indígenas saraguros. No se conocen las razones por las que los jueces decidieron ampliar la pena máxima. La ley, por el delito de paralización de servicios públicos, contempla entre uno y tres años de prisión. Luisa María Lozano y Servio Amable Angamarca recibieron cuatro.
Cuando la justicia actúa con saña, la reacción es amplia. Hasta el defensor público, visto muchas veces como parte del oficialismo, ha reaccionado en consonancia con la censura general. Ernesto Pazmiño ha hablado de “las penas desproporcionadas que se están registrando en el país”, señalando que hay otros casos muy graves con penas muy suaves. Tres meses por peculado en el caso del exministro Carrión; ocho meses por el escándalo de la venta de pases en la Policía; tres años por una estafa masiva en un plan de viviendas... Por cierre temporal de una carretera, en medio de protestas públicas, cuatro años.
En esas protestas hubo efectivamente agresiones contra policías. Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con ello. Pero es preciso recordar que uniformados también ingresaron por la fuerza a viviendas de saraguros, para apresar a varias personas (respaldados por el decreto de emergencia).
Cuando llamo a Lourdes Tibán por este caso, me dice que los indígenas están esperando el resultado de la apelación a la sentencia contra los saraguros. Me señala que Ecuador es signatario del convenio 169 de la OIT, que no solo reconoce a los pueblos indígenas y tribales, sino su derecho a cambiar una sentencia que imponga prisión, porque el encarcelamiento atenta contra el principio indígena de no ser ocioso.
Amnistía ha planteado el defensor público Ernesto Pazmiño; Jurisdicción Indígena han demandado otros. Ninguna de las voces críticas que hemos escuchado en estos días ha dejado de reconocer las distintas varas de la justicia. A veces de seda, otras de madera, incluso de hierro. ¿Qué tipo de justicia es aquella que actúa con saña?