El enredo con los Isaias
El exgerente de la AGD, Carlos Bravo, asegura que en ninguna parte de la resolución de la ONU se establece la devolución de bienes incautados.
Un relator especial. Eso pedirán los abogados de los hermanos Roberto y William Isaías, luego de conocer el dictamen del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El objetivo: contar con un delegado de Ginebra, al cual solicitar todas las acciones que planteará la defensa, en los próximos 180 días.
Ese es el tiempo que le dio el Comité al Estado ecuatoriano para presentar un informe con las medidas adoptadas para reparar las violaciones que, aseguran, se cometieron contra los exbanqueros.
Es que este organismo concluyó que el Mandato Constituyente N° 13, emitido en julio de 2008, dejó a los Isaías sin la posibilidad de solicitar amparos constitucionales y otros recursos para enfrentar la incautación de sus bienes.
Jorge Zavala Egas, defensor de los exbanqueros, contó a EXPRESO que el pedido para contar con un relator será enviado la semana del 27 de junio a Naciones Unidas.
“Todo lo que hagamos será directamente con ellos. No le puedo pedir al autor de la violación de los derechos legales que tome acciones o haga justicia. El Estado ha sido condenado”, explicó.
El lunes, el canciller Guillaume Long calificó como “una buena noticia para el país” el dictamen que, entre otros puntos, establece que en el ámbito penal no hubo persecución contra los Isaías y no se violaron derechos al ser juzgados por peculado bancario.
¿Entonces la noticia es buena o mala? El asambleísta opositor y abogado Ramiro Aguilar no ve forma de que el dictamen de la ONU sea favorable para Ecuador. “Nos están diciendo que se hizo un mandato que viola derechos humanos y el debido proceso”, explicó.
El legislador dice que una cosa es hablar de extradición, culpabilidad o privación de la libertad de los Isaías, pero que la disposición del Comité de los Derechos Humanos es que igual el Estado les va a tener que pagar o restituir los bienes. “En ese caso tocaría aplicar la repetición a los autores de ese mandato”, comentó a este Diario.
¿El Estado debe cumplir lo que determinó el Comité? El abogado especialista en derechos humanos y docente de la USFQ, Juan Pablo Albán, dice que sí y no. “La respuesta estatal será que se trata de un dictamen y no hay un mecanismo coercitivo para obligar a cumplir. Por otro lado, está el derecho internacional que tiene un estatus de normas imperativas por las que sí se tendría que cumplir”, detalló a EXPRESO.
Aguilar y Albán coinciden en que lo preocupante es que varios dictámenes internacionales en los últimos meses, en contra del Ecuador, tienen algo en común: hablan de denegación de justicia e inobservancia del debido proceso.
