La última pregunta de la Consulta Popular de este 2023 busca que el Estado entregue beneficios a favor de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que realicen tareas a favor de la generación de servicios ambientales.

Es la segunda pregunta de la Consulta relacionada al medioambiente que poco o nada generará beneficios a los ecuatorianos, porque más bien lo que hará es mercantilizar más a la naturaleza, pues es algo que ya está en la Constitución, sostiene el ambientalista y vocero del colectivo Yasunidos, Pedro Bermeo.

“Tanto la pregunta siete como esta (la ocho) son realmente innecesarias, porque ya están contempladas en una Ley Orgánica como el Código del Ambiente. Este cuento que se va a solucionar el tema ambiental con estas preguntas es completamente falso. Más bien lo que busca crear es mercado de carbono”, explica.

El activista ambiental agrega que de ganar se podrían crear mercados de carbono. “Según la Constitución, la naturaleza es sujeto de derecho, no un objeto o mercancía. Lamentablemente esto será una regresión de derechos. Cuando se modifique la Constitución se pondrá un candado para mercantilizar a la naturaleza”, explica.

Actualmente, el artículo 74 de la Constitución de la República contempla que “las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”, la propuesta del Gobierno de Lasso busca modificar sus últimas líneas y agregar que “el Estado, en su calidad de administrador de los servicios ambientales, regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento, y definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de los mismos”.

Un criterio contrario tiene la experta en Derecho Ambiental, Inés Manzano. Ella explica que la modificación que se realizará a la Constitución tiene unas ventajas. Una de ellas está relacionada a que con ello se busca la conservación de áreas verdes por las comunidades o personas naturales, porque tendrán un incentivo que hasta podría llegar a ser tributario.

“El beneficio existe, porque es aupar la conservación, mejorar el financiamiento de esa conservación para que la persona que tenga un bosque prefiera recibir una compensación económica por mantenerlo que ampliar por desarrollo inmobiliario u otra actividad que conlleve la desforestación”.

Sin embargo, a pesar de que la pregunta busca incentivar la activación de servicios ambientales por parte de los grupos minoritarios, de ganar en el referéndum necesitará una acción de interpretación para entender qué servicios ambientales se incluirán, porque las modificaciones del artículo de la Constitución no está del todo claro. “Creo personalmente que el texto que se va a modificar en la Constitución no ayuda plenamente al desarrollo del mercado de carbono, sobre todo a quienes tienen la conservación de bosques, porque en el mercado de carbono hay quien conserva y quienes han hecho una descarbonización de su industria”, dice.

De acuerdo al anexo de la pregunta, de aprobarse la Asamblea Nacional tendrá un plazo de un año para tramitar reformas al Código Orgánico del Ambiente, aunque puede el pleno del legislativo bajo una resolución motivada solicitar una prórroga de 180 días. Es decir, en 2024 se tendrían las modificaciones para ejecutarse las compensaciones.