Endeudarse irresponsablemente

En estos días el Ministerio de Finanzas oferta una emisión interna de $1.000 millones, y se ha publicado la noticia de que las autoridades están en pleno “road show” en Estados Unidos, tentando a los potenciales bonistas americanos para que adquieran unos $2.000 millones en bonos que difícilmente podrán ser calificados de buenos, bonitos y baratos para los ecuatorianos. Con un riesgo país que raya los 1.000 puntos bases, el cupón de intereses más el descuento que el mercado exigirá sobre los títulos para aceptar la emisión será, a no dudarlo, superior al 12 %, constituyéndose en deuda cara, inconveniente y que traerá cola futura.

Para tener una idea de lo oneroso de los costos, el saldo actual de la deuda a los bonistas internos y externos, más los anticipos chinos, es de alrededor de $25.000 millones, y el país paga, en promedio, un margen de riesgo crediticio de alrededor de 4 puntos por encima de la base de 4,5 % observado en emisiones hechas por otros países de la región. Cada punto porcentual representa un costo adicional de $250,25 millones anuales ($120 millones si se excluyen los bonos internos) por lo que, si los títulos tienen un tenor de cinco años, el “sobreprecio” resultante tiene un rango de entre $2.500 y $5.000 millones. ¡Resulta que el negocio de la denuncia de la deuda “ilegítima” en 2008 se pagará con creces!

A partir de 2013 se inició el ciclo de desaceleración y desde el último trimestre de 2014 la economía entró en recesión. Hoy ya no se trata tan solo de la caída de los ingresos petroleros, sino del comportamiento de las recaudaciones del SRI, que en su último resultado interanual a febrero muestran una caída del 13 %. Incrementar impuestos logrará hacer más fuerte y profunda la recesión.

Finalmente, es un hecho que el límite del 40 % de endeudamiento público respecto del PIB, estipulado en el Código de Planificación y Finanzas (Copfp) está sobrepasado cuando se incluyen los pasivos no registrados como deuda y los atrasos a proveedores, servidores, y gobiernos provinciales y municipales.

El Gobierno se muestra indiferente frente a la debacle sobre la que preside. Hace así oídos sordos y ojos ciegos ante la realidad de que su modelo de gestión económica está colapsado.