Empresas corruptas

Lo que se presumía y era un secreto a voces, finalmente fue determinado en el proceso de sobornos: empresas corruptas entregando coimas a funcionarios públicos a cambio de contratos, “cohecho con factura”.

Lo que no se entiende e indigna es que muchas de estas empresas sigan siendo contratistas del Estado o de entidades públicas regionales como consejos provinciales y municipalidades.

El Gobierno no puede caer en el doble discurso de que por un lado la Fiscalía identifique a las empresas contratistas del Estado que han sido parte del entramado de corrupción de la década correísta, para por otro seguir contratándolas para diversas obras, siendo muchas de estas multimillonarias.

Deben practicar lo que predican, no pueden decir que van a sancionar a los pillos y corruptos para luego seguir viendo en las carreteras del país varias obras públicas adjudicadas a esas compañías deshonestas.

El gobierno central y los gobiernos seccionales deben dar por terminados unilateralmente todos los contratos que tengan con estas compañías manchadas, porque ya sabemos cuál ha sido su ‘modus operandi’ para que “les den adjudicando” los contratos.

La sanción debe ser integral; además de la pena, la cárcel y el resarcimiento económico, deben parar la concesión de contratos a todas estas compañías que formaron parte de la estructura criminal de coimas de la década perdida.

Presidente, secretario anticorrupción y transparencia, procurador general del Estado, prefectos, alcaldes: ¿hasta cuándo esas empresas que se robaron el dinero de los ecuatorianos siguen recibiendo contratos? ¡Siguen insultando la inteligencia de los ecuatorianos!

Ofende, que una compañía que es parte del entramado de corrupción, que roba dineros públicos, nos cobre peajes, porque a través de delitos como el cohecho se adjudicó la concesión de una carretera, y luego pretenden que todos los ecuatorianos paguemos todos estos desfalcos con más impuestos. ¡Sinvergüenzas! Primero extingan los contratos y recuperen lo robado, antes de clavarnos más impuestos a los ciudadanos.