Eliminar la tarjeta amarilla de la Unión Europea tomará un año más

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Eliminar la tarjeta amarilla de la Unión Europea tomará un año más

Entre las herencias del nuevo Gobierno está concretar un plan de control de pesca ilegal.  Su ejecución, con un valor $ 29 millones, ha avanzado.

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Las industrias han aplicado protocolos para tener la trazabilidad de la materia prima.Guillermo Lizarzaburo

Contra viento y marea, Ecuador sigue embarcado en el reto de cumplir con 67 reformas impuestas para que la Unión Europea (UE) le retire la tarjeta amarilla que desde el 2019 lo ponen en riesgo de no ser un país cooperante contra la pesca ilegal. En un año, el plan ha avanzado en un 60 %, pero para sellarse requerirá al menos de un año más.

Avanzar hasta este punto, reconoce Bernardo Hidalgo, viceministro de Acuacultura y Pesca, no ha sido sencillo. La pandemia, y con ello las dificultades de financiamiento de un proyecto valorado en $ 29 millones, han hecho que el ritmo de avance no sea el esperado y que el país mantenga acciones pendientes para perfeccionar su control en procesos de capturas y comercialización de la pesca, bajo las directrices de trazabilidad que exige el mercado europeo, el comprador del 72 % del atún ecuatoriano ($ 800 millones al año).

De las 67 actividades trazadas en el plan inicial y que recibieron el aval de la UE, 33 se han cumplido. Entre las principales tareas realizadas están la creación de la Ley de Pesca y Acuacultura aprobada en abril del año pasado; la actualización de registro de buques, el inicio de un proceso investigativo para expedientes pesqueros, la capacitación para inspectores y dueños de plantas procesadoras, y la puesta en marcha del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca (SIAP) que permitirá que el país empiece a monitorear digitalmente la gestión integral que se desarrolla en torno a este sector productivo. Incluyendo el origen que tiene la materia prima que debe importarse para ser procesada en suelo nacional.

Si bien la elaboración del reglamento de la Ley De Pesca está avanzado, este es uno de los principales pendientes que deberá resolver el nuevo Gobierno. La UE aún debe revisar su contenido y verificar si este y las demás acciones técnicas alcanzan los estándares internacionales trazados en su reglamento aprobado en el 2010, con el fin de combatir la pesca ilegal global. Hidalgo indica que el documento está en socialización con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que podría terminar de ser aprobado en junio de este año.

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  • Desde enero del 2010 entró en vigor el Reglamento de la Unión Europea (UE) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INN. El fin es prevenir que producto pesquero proveniente de la pesca ilegal ingrese a la U
  • En octubre de 2019, la UE levantó su tarjeta amarilla en contra de Ecuador para advertirlo de su débil control y de una futura amonestación. Ante eso, el país diseñó un programa que contiene acciones de combate a la pesca ilegal, medidas coercitivas y normas internacionales.
  • Los fallos identificados en Ecuador incluían un marco legal obsoleto que no se ajusta a las normas internacionales y deficiencias en términos de control, especialmente en la actividad de la pesca del atún y de las industrias de transformación.

Otra de las tareas pendientes es la suscripción de convenios para fortalecer control entre los países con los que Ecuador tiene una mayor relación para realizar la actividad pesquera. Se ha firmado ya con Colombia, Costa Rica y Panamá, pero falta hacerlo con Perú, Islas Cook y Kiribati. A esto se suma también la necesidad de actualizar el ordenamiento pesquero de la flota palangrera (que captura peces grandes como el dorado).

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De los $ 29 millones que se ha previsto costará la implementación de este proyecto, solo $ 9 millones se han ejecutado. El resto deberá ser desembolsado por la nueva administración. Los recursos deben ser destinados a la contratación de talento humano para diseñar políticas públicas, gestionar, inspeccionar y sobre todo para fortalecer la implementación del SIAP. La digitalización de procesos se hace por fases.

Estos resultados, que fueron presentados en el último comité de crisis de este Gobierno, realizado la semana pasada, fueron tomados con satisfacción por los representantes de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP). Bruno Leone, su presidente, exalta las reformas que permitirán modernizar la actividad pesquera. Si bien hay medidas que se han dado con retraso debido a la pandemia, está convencido de que Europa tiene claro el esfuerzo que el país está haciendo al respecto. La transición de gobiernos no le preocupa, cree que el presidente Guillermo Lasso y su equipo podrán dar prioridad a este plan, del cual depende el futuro de la actividad pesquera.