El silencio del CPCCS recibe críticas y genera más dudas

El silencio y la pasividad de los integrantes del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) frente al caso de conflicto de interés en el equipo técnico que califica a los candidatos del Consejo de la Judicatura (CJ) es criticado.

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EXPRESO reveló que en ese equipo, Christian Troya, delegado de la vocal Johanna Verdezoto, laboró como comunicador de Mario Godoy, uno de los aspirantes, el cual fue nominado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y quien está prorrogado en funciones como actual presidente de la Judicatura.

Tras hallar este nexo, el miércoles se buscó las reacciones de los integrantes del CPCCS. Solo su titular, Andrés Fantoni, y Gonzalo Albán respondieron, aunque de forma tibia. Nicole Bonifaz, Piedad Cuarán, David Rosero y Jazmín Enríquez decidieron callar, mientras que Verdezoto evitó a la prensa. La vocal se conectó a la sesión de ese día de forma telemática, aunque sí estaba presente en el edificio del Consejo de Participación, en Quito.

Para la exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, Anabell Guerrero, la inacción era previsible. Dice que estimaba una actitud de ese tipo desde el momento en el que Verdezoto mocionó para inhabilitar al postulante Edison Toro, el 25 de junio, y en su lugar fue nominado Godoy.

Hechos que alargan más el concurso

“Desde allí ya se advertía que algo no andaba bien”. Recuerda otros hechos que le siguieron: la inclusión de Godoy en la terna, pese a que José Suing, presidente de la CNJ, manifestó que no lo haría y la renuncia del postulante Marco Rodríguez (juez). 

“Se pedía que el CPCCS actúe decentemente, éticamente y con probidad y que la comisión tenga los mejores perfiles, precisamente, no crear un conflicto de interés, que no haya cercanía que favorezca a algún postulante”. 

Manifiesta que el organismo “le debe una respuesta al país y decir qué decisión va a tomar. Lo lógico sería que este miembro ya no participe y pedirle que se retire”, sugiere.

¿Inclinar la Judicatura al Ejecutivo?

Las sospechas desde el inicio del proceso ya existían, opina Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. “Ya lleva más de siete meses de retraso y no avanzó porque Participación no quiso. Hay un cálculo político”, asegura. El experto observa que la quietud ante las observaciones “lo que busca es crear un CJ que se ajuste a lo que quiere el Ejecutivo”.

El director del Laboratorio de Transparencia y Anticorrupción de la UTE, Mario Hidalgo, menciona que, aunque “en papeles se garantiza la transparencia y todo debería funcionar bien, hay dudas sobre el proceso por este tipo de polémicas que se crean”. Insta a que el organismo “tenga claridad sobre el deber ser de estos concursos, donde se respete el reglamento y la Ley de Participación. Los procesos deberían ser ultratransparentes”, reitera.

Según el docente, el silencio entre los integrantes del Consejo se da porque la entidad se ha involucrado con la política. “Debería ser técnico, apartidista, pero ha estado más cerca de los partidos políticos”, indica.

Los analistas advierten consecuencias si los reparos no se atienden. Según Espinel, aparecerían más renuncias que alargarían el proceso. “También se podría tener un CJ cuestionado o dar lugar a algún tipo de acción jurisdiccional”.

Guerrero, en cambio, espera que la ciudadanía se active y exija respuestas a través de las veedurías.

• Rol. El equipo técnico es el encargado de verificar que los nominados a la Judicatura cumplan con los requisitos, para continuar en el proceso de selección.

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