El Pleno de la Asamblea decidirá el futuro del financiamiento a partidos políticos

Finalmente, la reforma constitucional que propone eliminar el financiamiento público a partidos y movimientos políticos enfrentará su debate final. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocó a sesión del Pleno para el 7 de agosto, y este tema figura entre los puntos del orden del día.

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La propuesta implica modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución, ambos relacionados con el financiamiento a organizaciones políticas. Actualmente, el artículo 110 garantiza que los “partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes y, en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control”.

Por su parte, el artículo 115 establece que “el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas”.

Ambos artículos están reglamentados en el Código de la Democracia, a través de la entrega del fondo partidario y del fondo de promoción electoral a las organizaciones políticas. 

Este último, por ejemplo, se otorga a los participantes en cada proceso electoral para difundir sus propuestas en medios de comunicación; aunque no es un recurso entregado directamente a los partidos y movimientos.

El informe para el segundo debate fue aprobado el 23 de julio por la comisión ocasional conformada para el trámite de esta reforma. Ese día, el presidente de dicha mesa, Esteban Torres (ADN), indicó que la propuesta pasará al Pleno con la recomendación de que se apruebe tal como fue enviada por el Ejecutivo.

En el informe que servirá de base para la discusión se señala: “La comisión concluye que es viable la reforma y deja constancia que, durante el análisis, se ha tomado en cuenta la preocupación de la Función Ejecutiva por asegurar una administración eficiente, racional y transparente del gasto público”.

Tras el trámite en la Asamblea, la decisión final la tomarán los ecuatorianos en las urnas. Eliminar el financiamiento público a los partidos políticos es una de las preguntas incluidas por el Ejecutivo en su Consulta Popular prevista para diciembre de 2025.

Sin embargo, todo dependerá de que existan los votos necesarios en el Pleno para que la propuesta avance hacia esa siguiente fase. Al tratarse de una reforma constitucional, el oficialismo necesita mayoría absoluta: es decir, 77 votos en el Pleno.

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