Torres sobre reforma partidos: “Cada quien que levante recursos; la política cuesta”

En la Asamblea Nacional aún está pendiente la resolución sobre la reforma constitucional de Daniel Noboa para eliminar el financiamiento público a partidos políticos. Esteban Torres, presidente de la comisión ocasional a cargo de dicha reforma, habla del futuro de ese cambio en el Legislativo.

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Está pendiente el informe y segundo debate de la reforma. ¿Qué se ha avanzado?

Esa reforma ya superó el primer debate y tiene que concluirse hasta el 27 de julio. Por eso nos hemos puesto en la comisión un plazo máximo hasta el 22 o 23 de julio para producir el informe para segundo debate que, a su vez, llegará al Pleno y así se pueda cumplir con los tiempos establecidos.

¿Se contemplan modificaciones después de lo tratado en el primer debate?

Vamos a recibir a algunos expertos. Pero la particularidad con este tema es que la comisión (anterior) no tomó ninguna decisión, recomendando o desacreditando la propuesta en primer debate. Es decir, no hubo posición alguna. Nos toca producir en la comisión esa posición para someterla a votación y que el Pleno decida.

Hay dos posturas. Una que, en nombre de la igualdad, plantea que se mantenga el financiamiento; la otra es que ese dinero se destine a otras prioridades. ¿Cómo conciliar?

Con los votos. Son los que van a decidir qué postura se adopte en la Asamblea. El argumento fuerte que sostenemos para que se apruebe es que el fondo de promoción electoral ha servido para distorsionar las elecciones y tener una multitud de candidatos de los cuales la mayoría no tiene posibilidades. El fondo partidista tampoco ha sido utilizado como se debería. Era una forma de que las organizaciones políticas tengan verdaderas acciones internas para generar nuevos cuadros o tener escuelas de formación. No se ha dado.

¿El tema no pasa por buscar un punto de equilibrio sino solamente que existan los votos?

Es bastante difícil en este momento conciliar porque quienes no estarían cercanos a esta decisión, que básicamente es la Revolución Ciudadana, fueron los que promovieron estas figuras en la Constitución.

Esta reforma se sumará a otras modificaciones como las recientemente aprobadas al Código de la Democracia, que plantean la depuración de los partidos. ¿A dónde apunta ADN con este proceso?

Esas modificaciones están relacionadas con esta reforma constitucional, ya que buscan mayores controles al financiamiento de las campañas. Cada organización tiene sus gastos, sus costos, que los presenta ante el CNE. Entonces se extendió un poco la responsabilidad para tener mayor control. También existe una serie de reglas que juegan a favor de la eliminación de ciertas organizaciones, (que) no tienen votos, no cumplen el fin para el que fueron creadas o solo se convierten en cascarones electorales.

El argumento de quienes se oponen a la reforma es que solo quienes tenga el dinero podrán hacer política.

Todas las campañas tienen su límite electoral. En teoría, nadie puede gastar más de lo que está presupuestado para cada tipo de elección. Si alguien no tiene los recursos para completar o llegar a ese nivel de ingresos, depende también de cada candidato. Pero para mí, lo que siempre hay que sopesar es el hecho de por qué los ecuatorianos tienen que financiar una serie de aventuras políticas. Que cada quien pueda, dentro de los límites establecidos, usar sus recursos o levantarlos para hacer campaña. Es lo que siempre se ha hecho. La política cuesta, siempre ha costado.

Con las reformas, ADN y el correísmo podrían concentrar la representación política. ¿A eso apuntan?

Lo que hay que entender es que es dinámico el mundo político. Lo que a veces se vive en un momento, difícilmente se repite en dos años. Pero el sistema en general busca fortalecer opciones para evitar dispersiones.

¿Se trata de empatar tiempos de la reforma sobre bases militares con la de los partidos político para ir a las urnas?

Sí. Y todavía se explora la idea de que haya más propuestas; quizás ya no a través de una reforma en la Asamblea, pero sí de preguntas de consulta popular que se junten al mismo proceso.

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