El papel de la sociedad civil en la convocatoria a una Asamblea Constituyente

La convocatoria a una Asamblea Constituyente representa uno de los mecanismos más profundos de transformación institucional en una democracia. Aunque suele ser impulsada desde el poder ejecutivo, su legitimidad y viabilidad dependen en gran medida del papel que desempeña la sociedad civil, tanto en la fase previa como en el desarrollo del proceso constituyente.

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En América Latina, la historia reciente muestra que las Asambleas Constituyentes han surgido en contextos de crisis institucional, demandas sociales acumuladas o transiciones políticas. En países como Colombia, Bolivia y Ecuador, la presión ciudadana ha sido determinante para abrir el debate sobre la necesidad de una nueva Carta Magna. La sociedad civil, en estos casos, ha actuado como catalizador del cambio, articulando demandas, organizando movilizaciones y exigiendo espacios de participación.

El abogado constitucionalista Ismael Quintana señala que "Es fundamental (el papel de la sociedad) porque la ciudadanía es quien ejerce el poder constituyente; es decir, quien finalmente aprueba el proyecto de Constitución. Hay que tener en cuenta que la Asamblea Constituyente no ejerce, en realidad, ese poder. Su misión es únicamente elaborar el proyecto. Y, finalmente, porque seremos nosotros quienes decidamos si queremos o no entrar en ese proceso". 

¿Cuáles son las etapas?

En Ecuador, el proceso constituyente requiere tres etapas: una consulta popular, la elección de asambleístas constituyentes y un referendo final. Aunque la iniciativa puede partir del presidente, como ocurre actualmente con la propuesta de Daniel Noboa, la Corte Constitucional debe validar que la convocatoria respete los principios democráticos y permita una integración representativa. En este marco, la sociedad civil tiene la posibilidad de incidir en el diseño del estatuto electoral, exigir transparencia y participar activamente en la campaña previa a la consulta.

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Desde una perspectiva regional, el académico Pablo Segura, sostiene que “la participación ciudadana en el diseño constitucional no solo mejora la calidad democrática, sino que también fortalece la legitimidad del nuevo orden jurídico”. En su análisis, Segura, destaca que los procesos más exitosos han sido aquellos que incluyeron mecanismos de deliberación pública, representación diversa y transparencia instituciona

Más allá de la legalidad del proceso, la participación ciudadana es clave para garantizar que la nueva Constitución responda a las necesidades reales de la población. En algunos países, se han establecido mecanismos especiales de representación, como cuotas para comunidades indígenas, escaños para ciudadanos en el extranjero o criterios de equidad de género, lo que refleja una voluntad de ampliar la base democrática del proceso.

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