El ojo internacional mira con celo la crisis institucional en Ecuador
Organismos alertan sobre riesgos al Estado de derecho. Analistas advierten que la conflictividad deteriora la imagen del país
Los conflictos internos en Ecuador han comenzado a moldear la manera en que organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos miran al país.
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Los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre independencia judicial o la declaración conjunta de oenegés, como la Due Process of Law Foundation (DPLF), advierten sobre un “clima de hostigamiento y presión” hacia la Corte Constitucional, en el marco de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
Pese a que la Corte ya autorizó la convocatoria, el pronunciamiento de diez ONG, la última semana, señala que la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho. Y advierte que su debilitamiento “tendría graves repercusiones para la región y para la cooperación internacional”.
Para la directora de Independencia Judicial de la DPLF, Úrsula Indacochea, lo que ocurre en Ecuador es preocupante porque “estos episodios muestran un ataque que va escalando en intensidad respecto de la Corte Constitucional y reflejan un compromiso muy débil del Gobierno de Ecuador con la institucionalidad democrática y un rechazo a los controles que la propia Constitución establece”.
En su análisis, cuando se plantea el cambio de la Constitución sin un proceso participativo amplio, “lo que se percibe es más bien un intento de aprobar un marco constitucional ad hoc, que se acomode a las pretensiones del gobierno de turno”.
El politólogo y docente Giuseppe Cabrera sostiene que la imagen del país ante el mundo se está volviendo “tan negativa como la que tuvimos entre 2007 y 2017 en el periodo de Rafael Correa: un Estado que paulatinamente va perdiendo libertades, se va en contra del Estado de Derecho y se va en contra de las instituciones”. Este deterioro favorece al discurso de persecución de sectores como el correísmo y al debilitamiento de la cooperación internacional.
La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, declaró que los pronunciamientos de la relatora de la ONU para la Independencia Judicial, de Human Rights Watch e incluso del Departamento de Estado de Estados Unidos no son temas que le preocupen al Gobierno ecuatoriano. Lo dijo en las ruedas de prensa del 12 y el 25 de agosto.
La reacción del Gobierno sobre las alertas
Indacochea descarta que estas alertas constituyan una intromisión externa. “Ese argumento es falaz porque son los propios Estados los que soberanamente adquieren compromisos internacionales al suscribir convenios de derechos humanos y la Carta Democrática Interamericana”.
Desde su apreciación, deslegitimar esas advertencias envía la señal de que “no se puede confiar en los compromisos de Estado, que solo son de muy corto plazo y no son realmente estables”.
Para Cabrera, la desestimación de estos puede tener consecuencias de largo plazo. “Si el Gobierno no observa estos primeros llamados de atención, luego van a venir informes más fuertes, que luego sirven como prueba para que se otorguen medidas cautelares a Jorge Glas o a otros actores”. Además, advierte que en el futuro el Estado podría enfrentar juicios millonarios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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