El Ejecutivo enmascara la intromisión con el diálogo

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El Ejecutivo enmascara la intromisión con el diálogo

La Corte Constitucional considera que la carta de la Función Judicial es una “injerencia” en sus funciones. La reunión fue para “amedrentar a los jueces”

REUNION DE GUILLERMO LASSO CON LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
El 24 de abril pasado, Lasso se reunió con las máximas autoridades de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura.CORTESÍA

Un esfuerzo que no llegó a buen puerto. La reunión del presidente Lasso con la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, y el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, despertó la suspicacia de la opinión pública y de los juristas.

Sobre todo por la contradicción que ellos observan en un primer mandatario que habla de independencia de funciones, pero que se reúne con los máximos representantes de la justicia en el país por su “preocupación” ante el abuso de las acciones constitucionales.

Inquietud que se materializó en un pedido a la Corte Constitucional para “encontrar soluciones” respecto al alcance del recurso del habeas corpus, el impedimento de iniciar procesos de prevaricato y las potestades que tiene la Judicatura.

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Sin embargo, el presidente de la Corte, Alí Lozada, cuestionó la iniciativa de Saquicela y Murillo y la calificó como una “injerencia” a sus funciones. Además, destacó que a los magistrados no les compete “absolver consultas informales de otros órganos del Estado”.

Criterio que comparte el abogado penalista Joselito Argüello, quien destaca que “el solo hecho de haber convocado la reunión tiene un asidero de amenaza ante los jueces de primer y segundo nivel”.

Además, indica que hay un “claro sentido de intromisión” y de emplazar a la Corte a rever pronunciamientos, “cosa que no puede darse”.

Al Gobierno le urge esclarecer lo que pasó en el caso de Glas. El mensaje es 'nunca es tarde'.

Leonardo Viteri, exasambleísta constituyente

Sin embargo, el exasambleísta constituyente Leonardo Viteri indica que “el país lo ameritaba (la reunión)” y, aunque reconoce que la independencia de funciones es fundamental, no lo ve ilícito porque “fue traslúcido, público” y había buena intención.

Además, cuestiona la postura de la Corte e indica que “no responde a la urgencia nacional” porque “no se puede dejar una sombra de duda ante la aberración jurídica” que ha pasado en estas semanas.

Por su parte, Argüello explica que el presidente Lasso, directamente, no puede hacer “absolutamente nada” ante las decisiones judiciales y que si le preocupa el abuso de las acciones constitucionales, no debe solucionarlo con una amenaza disfrazada de diálogo, sino destinando “los recursos necesarios para dar mejores condiciones de vida a los presos y que se los atienda”.

Se reunieron para amedrentar a jueces, para sancionarlos. Estamos en el país del miedo, politizado.

Joselito Arguello, abogado penalista
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Sin embargo, indica que el razonamiento de las autoridades reunidas fue distinto y que su injerencia se enmarca en lo que él llama “el país del miedo” y de la politización de la justicia.

Ante esto, Viteri justifica el accionar del presidente Lasso y explica que el mensaje que quiso dar es que “nunca es tarde” y que “a grandes males, grandes remedios”. Así esto implique interferir en la justicia.

NUEVO CASO PARA UNA CONTESTACIÓN

El presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, señaló que la carta difundida por Saquicela y Murillo parece “desconocer las competencias” de la Corte, la jurisprudencia sobre el habeas corpus y la institución del precedente vinculante.

Además, indicó que para que la Corte desarrolle jurisprudencia es necesario que conozca un nuevo caso con las características idóneas para ello. También recordó que desde 2019 se lo ha establecido en más de 20 sentencias.