Ejecutivo desempolva la ley de Plusvalia

Una de las reformas legales más anunciadas por el Ejecutivo y más criticadas por la oposición ya está en la Asamblea. Ayer, a las 16:08, el Legislativo recibió la Ley de Plusvalía.

Como suele ocurrir en los proyectos de la Revolución Ciudadana, la norma tiene un nombre más complejo: Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. La propuesta tiene cinco artículos y cinco disposiciones.

Como se había anunciado, el ‘plato fuerte’ de la ley es la creación de un impuesto del 75 % sobre las ganancias extraordinarias que se produzcan en la compraventa de un bien.

Ese impuesto, dice el documento, se pagará cuando la base imponible supere los 24 salarios básicos unificados (es decir, los 8.784 dólares). Como para que no se generen ‘fugas’, el planteamiento es que la declaración y el pago del tributo se hagan antes de la entrega de la escritura ante el notario.

Están sujetas al impuesto todas las personas o empresas que transfieran bienes inmuebles. ¿Las excepciones? Las sucesiones por causa de muerte, las donaciones, rifas o sorteos y los remates del Estado.

El dinero recaudado irá a los municipios y la autoridad tributaria (como subsidio).

¿Cómo se calculará la ganancia extraordinaria? El Ejecutivo propone un complejo esquema de conceptos y factores de ajuste que tienen relación con el valor de la adquisición, las mejoras hechas por el propietario y el tiempo transcurrido.

En algunas cosas, como por ejemplo la tarifa, es el mismo sistema que el Ejecutivo había planteado en 2015, junto con la Ley de Herencias. Entonces la propuesta del presidente de la República, Rafael Correa, generó una ola de protestas ciudadanas. Al final, por la llegada del papa Francisco, optó por retirar el texto legal.

Ahora, las voces de protesta tampoco se hicieron esperar. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, advirtió con protestas ciudadanas. Lo mismo dijo el candidato vicepresidencial, Andrés Páez, quien participó en las marchas en Quito.

Además, al menos, seis candidatos presidenciales adelantaron su rechazo a la ley y anunciaron que, de llegar al Palacio de Carondelet, derogarán el nuevo tributo.

Los dirigentes empresariales también advirtieron un efecto negativo, sobre todo en el sector de la construcción. Aunque el presidente aseguró, el miércoles, que en realidad los beneficia porque evita la especulación del suelo. “El costo de suelo es el principal impedimento para el desarrollo inmobiliario, para la vivienda social, para la construcción y dicen exactamente lo contrario”, dijo el mandatario.

La ley tiene, además, un guiño al sector inmobiliario: ellos quedan excluidos del pago del nuevo impuesto. En esa lista está también el Estado y las empresas públicas.

Las nuevas reglas del proyecto

1. Tarifa

La tarifa será del 0 % su base imponible es menor a 24 salarios básicos unificados. Este año, 8.784 dólares porque el salario es de 366 dólares.

2. Exenciones

El nuevo tributo no se cobrará a los organismos internacionales y “estados extranjeros”. Tampoco a las empresas de economía mixta.

3. Reducciones

Los contribuyentes que actualicen de forma voluntaria sus avalúos, en un año, recibirán una “reducción del 50 % de los valores que corresponda cancelar”.

4. Control

La recién creada Superintendencia de Ordenamiento Territorial estará a cargo de las regulaciones y reglamentos necesarios.

5. Destino

Los gobiernos autónomos descentralizados serán los principales beneficiarios de la ley. Servirá para obras de agua potable y alcantarillado.

6. Presupuesto

En casos específicos, el valor recaudado que administre el Servicio de Rentas Internas (SRI), irá a la Cuenta Única del Tesoro.