Aún no nace y ya lleva dos embarazos complicados. El dinero electrónico y la billetera electrónica, un proyecto con el que se pretende reducir el uso de efectivo, ha estado salpicado de polémica desde el principio. Quizá el problema está en las formas y no en el producto en sí. Primero, se comunicó de tal manera que parecía una imposición. Después, se criticaron los costos y el inexistente respaldo en dólares. Ahora, tras el cambio de manos públicas a privadas, vuelven a cuestionarse las tarifas. Sería deseable que los rectores de la política económica se planteen dos ejes: cómo acercarlo al ciudadano y por qué es necesario. No parece un gran incentivo que se impongan tarifas como las anunciadas a un producto que aún no se conoce y para el que, a priori, ya existen alternativas con las que los ciudadanos están familiarizados desde hace años como las tarjetas de crédito o débito o las aplicaciones del teléfono vinculadas a las mismas. Pero, además, si el objetivo es reducir el efectivo, ¿no sería más inteligente atacar a la fuente del problema? Los trabajadores enrolados ya se manejan con dinero plástico y sin circulante, pues así mismo reciben sus ingresos y hacen sus pagos. Quizá la fórmula mágica que están buscando está en reducir esa brecha de informalidad laboral.