La decisión de la jueza Daniella Camacho de dictar prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa por el secuestro del político Fernando Balda, pone a prueba la efectividad de la justicia, una vez que se ha dispuesto solicitar a la Interpol su inmediata localización y captura.

Por ello, Correa deberá ser detenido en Bélgica -o donde se encuentre- y potencialmente trasladado a la cárcel cuatro de Quito, donde también se encuentra su exvicepresidente Jorge Glas por asociación ilícita.

El exmandatario ha advertido que pediría asilo político al gobierno belga por lo que considera una persecución.

Correa pudo haber cumplido la orden judicial de presentarse el 2 de julio pasado, y cada quince días, ante la Corte Nacional de Justicia como medida cautelar en el caso que se investiga, pero ahora se enfrenta a la disyuntiva de entregarse o ser un prófugo de la justicia.

El exjefe de Estado acudió al consulado ecuatoriano en Bruselas a sabiendas de que esto no tendría ningún efecto procesal ante la justicia ecuatoriana, una vez que esta acción ya había sido rechazada por la misma jueza Camacho.

El expresidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a plantear una estrategia de defensa, como la de victimizarse y aludir persecución política por parte de sus opositores, postura que han apoyado Venezuela y Bolivia, que rechazaron el dictamen calificándolo de “politización de la justicia”.

La respuesta del Ecuador no se hizo esperar y ayer se llamó a consulta a nuestro embajador en La Paz y se suspendió el viaje del nuevo representante diplomático en Caracas.

Es lamentable la permanente interpretación que se da sobre la legalidad ecuatoriana, al ponerse en duda los fallos de los tribunales, aduciendo que la justicia está politizada, acusación que fue persistente durante los diez años de gobierno correísta.

Ahora, si la Interpol decide ubicar a Rafael Correa y traerlo al país, se realizará la audiencia preparatoria de juicio, en la que él podría ser juzgado por secuestro si el dictamen resulta acusatorio.

El caso Balda merece un tratamiento cuidadoso, ya que involucra a altos cargos del régimen anterior en el uso de dineros públicos para supuestas labores de espionaje, sospecha que debe ser aclarada de una vez por todas.