Hasta ahora había cifras desperdigadas, viajes oficiales esporádicos e inauguraciones salteadas que dejaban la sensación de que Ecuador se estaba construyendo con dinero y empresas chinas. Esas percepciones ya están en estadísticas e informes. Como publicaba EXPRESO este fin de semana, las chinas son seis de las 10 constructoras con más ingresos del país. Pero no es casualidad. También copan siete de los 10 puestos como principales contratistas del Estado.

Las cifras del Servicio Nacional de Contratación, que solo recopilan públicamente lo adjudicado desde 2014 a 2017, suman 2.346 millones de dólares en contratos, en su mayoría, por asignación directa. Pero lo acumulado desde hace una década es mucho más.

Con financiamiento y filiales chinas, se han levantado en el país siete edificios del Ecu 911, ocho hospitales -incluido el de Los Ceibos en Guayaquil y el del sur de Quito-, el parque de Los Samanes, la Plataforma Financiera de la capital, tres universidades —contando con la señalada Yachay—, centenares de escuelas del milenio prefabricadas, cuatro proyectos para el control de inundaciones, decenas de carreteras, puentes y túneles como el Guayasamín. También se han encargado de la emergencia del terremoto de 2016 con la remoción de escombros, la habilitación de un albergue temporal y la generación de energía eléctrica. Y además, han puesto la firma en siete de las ocho grandes hidroeléctricas emblema del gobierno de Rafael Correa. Una de ellas, Toachi Pilatón, está ahora bajo investigación de la Fiscalía.

La otra, Manduriacu, cayó en manos de Odebrecht y forma parte del proceso judicial iniciado por la trama de corrupción, auspiciada por la constructora brasileña, en la que está implicado con prisión preventiva el vicepresidente sin funciones, Jorge Glas, y otros 17 procesados por asociación ilícita en la red de sobornos a cambio de contratos públicos.

Entre ellos, también está el excontralor prófugo Carlos Pólit de quien sospechan que recibió sobornos por hacer desaparecer glosas o informes de la entidad con indicios de responsabilidad penal.

Las investigaciones han avanzado en ese caso hasta extender la mira a otros proyectos: los asumidos por las compañías chinas, que ya tenían en su expediente informes pasados de la Contraloría, centenares de denuncias judiciales por las condiciones laborales e incluso, perdieron contratos por incumplimientos.

Senagua, por ejemplo, rescindió el contrato con China Tiesiju Civil Engineering Group en el Multipropósito Chone y se lo reasignó a un consorcio integrado por Equitransa, una de las compañías subcontratistas de Odebrecht que, presuntamente, era utilizada para la canalización de sobornos a funcionarios públicos.

Hay cuatro empresas chinas señaladas —CWE, CCCC, Harbin y Sinohydro—, como se ha informado esta semana, ante el descontento del embajador asiático que reclama pruebas antes de emborronar el legado que su país ha construido en Ecuador.

En el expediente fiscal por asociación ilícita de Odebrecht, están reproducidas las tarjetas de visita que los representantes de dos de ellas -CWE y Sinohydro- junto a nueve firmas más, entregaron a Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, cuando visitó Beijing y fue atendido, de acuerdo con correos remitidos por los intermediarios chinos, con protocolo de alto funcionario en representación del Gobierno de Ecuador para avanzar en negociaciones de inversión.

Pero no es este el origen de las sospechas de la Fiscalía. Al poner el foco en las empresas chinas pretende confirmar si, de acuerdo con la investigación, las pautas para contratar con estas sucursales extranjeras repetían el esquema de sobornos que se investiga con Odebrecht.

De lo registrado en los últimos años, se sabe que los socios asiáticos llegaban a Ecuador gracias a los acuerdos de financiamiento que el presidente Rafael Correa y el entonces vicepresidente y ministro coordinador de sectores estratégicos Jorge Glas buscaban en China. La entrega de préstamos iba condicionada a la asignación de las obras a compañías chinas, lo que derivó en la proliferación de estas en los últimos años. Como muestra, las principales contratistas de obras del ranking de Sercop están constituidas en Ecuador, según la Superintendencia de Compañías, entre 2009 y 2012.