
Un grupo de arroceros cuestiona la política agrícola y se ausenta de mesa territorial
Arroceros critican la falta de resultados del diálogo y exige el cumplimiento de los acuerdos sobre precios de sustentación
Un grupo de agricultores arroceros decidió no participar en la mesa territorial “Manos para el Campo”, que se desarrolla hasta este jueves 5 de febrero de 2026 en la provincia de Los Ríos. En su lugar, han convocado a una rueda de prensa para el lunes 9 de febrero, en la provincia de Santa Elena, para exponer su postura y las razones de su ausencia en este espacio de diálogo.
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La convocatoria fue realizada por el Frente de Organizaciones Sociales Agrícolas y Ganaderas de Santa Lucía, que cuestiona la falta de resultados concretos en las mesas técnicas impulsadas por el Gobierno.
Según explicó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores, la decisión de no participar responde a la falta de seguridad jurídica para el sector arrocero. “No hemos participado de mesas técnicas porque no hay ninguna solución mientras el Estado no garantice seguridad jurídica y no cumpla los acuerdos ministeriales sobre los precios del arroz de grano corto y grano largo. Sin eso, no va a haber solución”, señaló.
García advirtió que el sector atraviesa una grave crisis económica, marcada por el incremento del desempleo rural y la reducción de áreas sembradas. Aseguró que muchos agricultores han dejado de producir arroz por falta de liquidez y porque sembrar en las actuales condiciones implica pérdidas estimadas en 300 dólares por hectárea.
Agricultores se oponen a la eliminación de los precios mínimos
El dirigente también criticó el accionar de la Asamblea Nacional, a la que acusa de no representar los intereses del campo. Según dijo, se pretende imponer un proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario que plantea la eliminación de los precios mínimos de sustentación, sin permitir una participación democrática de todos los sectores productivos. “En la mesa de soberanía alimentaria solo se convoca a quienes son afines a la bancada al partido del Gobierno”, afirmó.
Además, alertó sobre presuntas conversaciones entre el Gobierno Nacional y la industria procesadora para eliminar los precios mínimos de sustentación a través de la Asamblea. Frente a esto, hizo un llamado a los asambleístas de todas las tendencias políticas para que se archive la ley, al considerarla lesiva para el sector agropecuario.
García también expresó su decepción por la inacción de la Fiscalía General del Estado, que —según indicó— no ha iniciado investigaciones por el presunto delito de agiotaje, pese a denuncias presentadas en la Fiscalía del cantón Daule. Ante este escenario, anunció que se planteará a las organizaciones y asociaciones arroceras salir a las calles y ejercer el derecho constitucional a la resistencia.
El dirigente sostuvo que el campo se siente abandonado por el Estado y advirtió que la falta de políticas públicas serias está acelerando el envejecimiento de los agricultores, la migración juvenil y la pérdida del relevo generacional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad alimentaria y el desarrollo rural del país.
También cuestionó la efectividad de las mesas de diálogo instaladas en ciudades como Babahoyo, que —según dijo— no han generado resultados. Recalcó que el sector no pide bonos ni kits agrícolas, sino el pago del precio justo, ya establecido por el Ministerio de Agricultura en acuerdos firmados con la industria arrocera.
Entre las demandas urgentes, el gremio exige que este año se materialice la creación de dos grandes centros de acopio, uno en Daule y otro en Babahoyo, para la conformación de una reserva estratégica de arroz. Aseguran que medidas como la entrega de dinero a piladoras o incentivos aislados no han frenado la crisis.
Finalmente, García criticó la política arancelaria anunciada por el presidente Daniel Noboa frente a Colombia, al considerar que el arancel del 30 % ha tenido un efecto negativo para la producción agropecuaria nacional, el empleo y los consumidores ecuatorianos. Advirtió que el arroz para exportación sigue ausente en los acuerdos comerciales del país y que el sector proyecta pérdidas para los arroceros de hasta 75 millones de dólares en 2026.
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