Tras la prórroga, de la prórroga, la instalación y operatividad de escáneres en los puertos del país podría llegar a concretarse, si Senae logra que el proceso se ejecute hasta la primera quincena de noviembre, como lo ha asegurado a EXPRESO.

Así lo señala Ralph Suástegui, director del Servicio Nacional de Aduanas de (Senae), quien aclara que eso implica que la operatividad puede darse incluso antes del 15 de noviembre. “Son fechas que por temas de seguridad no podemos compartir, pero el compromiso es que los puertos de Guayaquil y del país tengan hasta ese periodo operativo los equipos”.

Noviembre de 2022 fue el primer plazo para instalar los escáneres como herramienta clave para frenar la salida de droga a través de la carga contenerizada contaminada. Sin embargo, varios decretos ejecutivos posteriores revieron los plazos, corriéndolos para mayo y junio de este año, demoras que en primera instancia se han atribuido a    los complejos trámites internos para importar los equipos e incluso a los  problemas logísticos  generados por la guerra en Ucrania, uno de los    principales proveedores de componentes radioactivos que se emplean en estas máquinas.

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Actualmente, estos equipos ya están operando en los puertos de Manta y Posorja. Pero aún existen pendientes en Guayaquil, El Oro y Esmeraldas. “En algunos casos los equipos acaban de llegar, en otros    ya están instalados y se hacen pruebas de operatividad”.    En el caso de Machala, añadió el funcionario, habrá una excepción. Como allá el proceso empezó más tarde, se prevé que todo esté listo a partir de los primeros meses del próximo año.

Estas nuevas fechas han sido anunciadas a la par de la emisión de una resolución que fija los requisitos técnicos que deberán cumplir las empresas concesionarias de los servicios portuarios, como Contecon (puerto de Guayaquil), Yilport (Puerto Bolívar y DP World (Posorja). En este documento, expedido el pasado 4 de agosto, Senae establece las reglas de operación de los escáneres y las multas en caso de incumplimientos.

Haberlo emitido es oportuno, sostiene el jurista José De la Gasca. Esto porque los decretos expedidos por el Ejecutivo, precisa, establecían tiempos difíciles de cumplir,    aún más cuando existían reglas poco claras para estandarizar y avalar el funcionamiento de estos escáneres. Lo que a su criterio también generó atrasos.

Suástegui asiente y señala que se trata de un reglamento mucho más amigable. “La resolución anterior era un poco confusa, pero son requisitos que no afecta en nada lo que ya se ha hecho. Lo que se hizo fue ordenarlos y catalogarlos de mejor manera”. En    otros casos complementa o llena ciertos vacíos. Como establecer el    plazo de un año para la adopción de estos equipos, en caso de que haya puertos que, empleando solo carga a granel, busquen exportar a través de contenedores. “El 90 % de la exportación de carga contenerizada se da en Guayaquil, el 9 % en Machala y el 1 % en otros puertos”. En el caso de Esmeraldas, este puerto exportó apenas 62 contenedores en el 2022 y cada vez tiende a ser menos. Aunque tiene una licencia operativa su volumen de carga es extremadamente bajo, pero aún así “al no tener    escáneres instalados no podrá salir ningún contenedor de exportación”.

En el sector productivo existe la expectativa de que este nuevo plazo ahora sí sea cumplido. Con esto, los índices de riesgo de contaminación caerían    para    una de las cargas más afectadas, como la de banano. “Nosotros vemos con buenos ojos el que se comience a escanear el 100 % de las ventas, por la    tranquilidad y seguridad del envío, tanto de quien exporta como de nuestros clientes en el exterior”, dice Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).

En un inicio, la instalación de estos aparatos generó descontento en la industria, debido a los costos adicionales que las empresas tendrán que pagar por el servicio de estos escáneres; no obstante, dice Salazar,  “hoy, no es que nos estemos resignando a pagarlo, pero creemos que es más importante la seguridad y la tranquilidad del sector, aunque creemos que es el Estado el que debería asumir estos gastos, porque para eso cancelamos impuestos”.

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