Isspol: El retorno de $ 170 millones de EE.UU., trabado por pugna de honorarios

El Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) enfrenta un nuevo escollo en su travesía para recuperar millonarios fondos perdidos, en uno de los mayores casos de corrupción financiera del país. La institución, que ya divisaba en el horizonte el desembolso de $170 millones que en este caso había embargado la justicia estadounidense, ahora ve cómo una disputa por honorarios legales no pagados podría ser una nueva traba.

El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció que esos $170 millones (retenidos en la cuenta Safra National Bank de Nueva York en el marco de un juicio de lavado de activos vinculado al tema) le pertenecían al Isspol que fue perjudicado con el robo de fondos que, en el 2020, la Superintendencia de Bancos totalizó en $ 801 millones.

Terminada esa verificación, las partes iniciaron un acuerdo de conciliación que en estos días debía ser ya aprobado por la Fiscalía de EE. UU. No obstante, un reclamo presentado por Coffey Burlington PL y Hilarie Bass PLLC podría revertir el visto bueno del proceso.

Coffey Burlington PL y Hilarie Bass PLLC, que en EE. UU. fueron subcontratados por el consorcio Jurídico Expertise Gideon Fisher & Co. LLC, para que se tendieran los puentes legales para la recuperación de estos valores, antepusieron la semana pasada un gravamen sobre cualquier acuerdo, sentencia o pago al Isspol o a su(s) sucesor(es) o cesionario(s), derivado de este proceso de recuperación. El gravamen, según se informó, “se destinará al pago de las costas y gastos anticipados, así como de los servicios legales prestados por los abogados en la tramitación de las reclamaciones de Isspol, por los cuales no han sido compensados”. Se cita la existencia de un contrato firmado que expresamente indica que el pago está ujeto a la recuperación del dinero que resulte de la defensa legal.

¿Indefensión legal del Isspol?

EXPRESO intentó tener una entrevista con Renato González, exdirector del Isspol, responsable de la contratación del consorcio jurídico Expertise Gideon Fisher & Co. LLC, pero volvió a excusarse alegando que aún existe una prohibición para referirse públicamente al tema. Igual justificación presentó Javier Silva, quien reemplaza en el cargo desde noviembre del 2024 a González.

No obstante, el hermetismo sobre el caso inquieta a una organización de policías retirados que velan por el rescate de estos recursos.    “No estamos siendo bien informados de la situación jurídica actual que atraviesa el Isspol, pero de no contar con abogados especializados que defiendan sus intereses, toda recuperación está en riesgo o se puede perder”, manifestó Alfonso Camacho, policía en servicio pasivo.

A él y sus excompañeros les preocupa no solo el reclamo de los abogados, sino el hecho de que el contrato con Expertise Gideon Fisher haya vencido el pasado 10 de abril del 2025 y que eso esté dejando a la entidad    en una extrema vulnerabilidad: sin representación legal para continuar con el proceso de recuperación, sobre todo ahora que con el nuevo gobierno de Donald Trump hay constantes cambios en la Administración.

¿Cuánta falta por recuperarse? 

De recuperarse los $ 170 millones del Safra National Bank, todavía faltaría el retorno de más de $ 200 millones. Para ello, dice, se requiere personal capacitado para seguir rastreando el dinero perdido e    incluso para establecer demandas en contra de    instituciones financieras internacionales que, teniendo controles endebles, facilitaron el atraco al Isspol.

Según ha conocido este Diario, estos escollos nacen por los supuestas objeciones de costos,    “no fundamentados”, en la contratación de la defensa legal    (concretada por González), hechas por Lyonel Calderón, exdelegado en la presidencia del Consejo Directivo del Isspol, en representación de la exministra del Interior, Mónica Palencia, quien a su vez se habría desempeñado como defensa de procesados en este caso de corrupción.

Este Diario también intentó obtener una versión de Calderón, pero tampoco hubo respuesta. No obstante, Coffey Burlington PL y Hilarie Bass PLLC, en su queja, ratifican que una de las causas de la falta de pago es por “desacuerdos sobre los montos de los honorarios” que les adeudan.

Los policías en servicio activo esperan que esta controversia sea resuelta y que se le garantice a la entidad una defensa legal. “Para recuperar lo que falta se requiere una labor conjunta de los investigadores, de la Fiscalía, de los órganos de control y de lavado de activos de Estados Unidos, pero esto no podría darse si efectivamente no existen profesionales de derecho con conocimientos de este tipo de litigios de inversión a nivel internacional. A nosotros, como miembros del instituto    en servicio pasivo, sí nos preocupa que no se estén respetando contratos ya firmados que tienen un costo pero que están generando resultados”, declaró Juan Carlos Rueda, general inspector en servicio pasivo que ayudó a esclarecer este caso de corrupción.

Honorarios que se reclaman

El contrato firmado por dos años con el consorcio jurídico Expertise Gideon Fisher & Co. LLC establece un honorario fijo de $1,3 millones y un honorario variable del 7 %, en función de los montos recuperados en otros países. Uno de los logros que suma en su gestión es haber logrado el cobro    de $31 millones en Guatemala.

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