El recargo ilegal que algunos locales comerciales o de servicio aplican a usuarios por el uso de tarjetas de crédito, como medio de pago, aún no tiene fecha de caducidad. La mala práctica que en los últimos meses venía mermando reincide en el mercado ante la falta de control. Esto además porque no está claro qué entidad y de qué forma se debe frenar este hecho que encarece el consumo y obliga a las personas a usar dinero físico.

Diana Patiño da fe de que este problema no se ha solucionado pese a que la Defensoría del Pueblo junto a otras entidades de control prometieron hallar una solución al tema. “El otro día tuve que hablar con el administrador de una tienda porque el saldo de mi tarjeta era justo lo que costaba el artículo y no alcanzaba para cobrar el adicional”. Esa vez corrió con suerte. Teniendo claro que este cobro es ilegal, ella reclamó y evitó que le cobraran de más.

Hace cuatro meses, cuando la Defensoría abrió una investigación, luego de un reportaje que EXPRESO publicó al respecto, los negocios cesaron esta práctica. Las reuniones que protagonizaron la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, de Control de Poder de Mercado, la Junta Monetaria y Financiera y gremios empresariales generaron el temor de posibles sanciones, pero como no llegó a resolverse nada, los cobros fueron retomados.

El actual delegado de la Defensoría del Pueblo del Guayas, Francisco Del Pozo, asegura que aún se está trabajando en el tema. Ya han terminado un informe que incluirá varias sugerencias, una de ellas: que la Asamblea Nacional evalúe hacer una reforma a la norma, porque no está claro dónde denunciar para que el cliente sea atendido rápidamente y reciba la devolución del dinero que se le cobró de más.

En efecto, cada entidad de control ha alegado no tener una competencia directa. La Superintendencia de Compañías aclaró que su deber es regular al sector societario en cuanto a la concordancia de sus estatutos y razón social, el correcto estado y presentación de sus balances, la legalidad de lo establecido en sus juntas de accionistas, disolución y liquidación de una compañía, entre otros aspectos. Debido a que el pago con tarjetas de crédito es un acto financiero, su control, dijo, está en manos de la Superintendencia de Bancos, siendo esta la institución que debe recibir y atender las denuncias de la ciudadanía.

Este Diario hizo consultas a este último ente. Rosa Guerrero no respondió cuando aún se desempeñaba como superintendenta. Luego de ello, la institución ha estado envuelta en la discusión de quién es el superintendente. No obstante, en marzo pasado, la entidad sostuvo que ellos no tienen una atribución constitucional y legal para imponer sanciones a establecimientos comerciales. “En el caso específico expuesto, el que comete la supuesta infracción es el comercio, no el banco, en cuyo caso corresponde ejercer las acciones respectivas al organismo de control societario”.

Aun así, Del Pozo cita que en estos últimos meses sí ha habido ciertas acciones. “La Superintendencia de Bancos retiró a tres negocios el servicio de poder cobrar con tarjetas. Además, unos 10 locales firmaron (se comprometieron) el cese de cobrar un interés adicional por pagar con tarjetas. Estos negocios cobraban 10 % adicional”, explicó Francisco del Pozo.

“Lamentablemente este cobro ilegal se sigue haciendo, tanto en establecimientos físicos como digitales”, dice Cynthia Chacón, cliente. Ella lo atribuye a la falta de conocimiento relacionado al nivel de costeo en los emprendedores. Eso, dice, hace que determine mal sus precios y que cualquier variación afecte terriblemente a sus márgenes. De tal manera que el problema no solo es por querer ganar más.

Tras un recorrido, este Diario pudo constatar que, en efecto, no todos los pequeños negocios incurren en esta mala práctica, pero hay otros que sí. Uno de los casos que más llamó la atención se dio en una distribuidora de medicinas, ubicada en la avenida del Periodista. Allí, un cliente apurado (quien prefirió no identificarse) necesitaba insumos y medicina para un pariente que requería frenar una hemorragia; al pagar con tarjeta de crédito le indicaron que a la factura le harían un recargo. Por la emergencia, la persona tuvo que aceptar. En este caso fue de un 6%, aunque hay consumidores en redes que alegan que esa tasa puede subir hasta un 15% en diferentes negocios.

En el intento de acabar con este recargo, se dijo que los negocios pondrían carteles para informar del tema a los clientes. Así lo exhortó en su momento la Defensoría a los gremios, pero esto no se ha cumplido.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), Miguel González, dijo que él y su gremio están en contra “de toda práctica que incumpla cualquier normativa y dañe la imagen de los comerciantes formales”. González recordó que la CCG no es un organismo de control, pero señaló que, de conocerse algún caso, gestionará para que se corrija. Una ayuda, dijo, es la capacitación que al respecto ya se imparte entre sus socios. “Muchos de los casos se dan por una comunicación inadecuada”, dijo.

“La sanción es hasta $ 1.000”

Francisco del Pozo / delegado de Guayas de la Defensoría del Pueblo

- ¿Hay sanción, por qué si son muchos los casos hay pocos sancionados?

- La sanción para el local es hasta $ 1.000 más la indemnización de daños y perjuicios. La Superintendencia de Bancos puede suspenderle el servicio de pago electrónico al negocio. Estamos trabajando para que la regla no sea que sean muchos los que no obedecen la Ley.

- ¿En el informe que han terminado qué otros exhortos hay?

- Entre los exhortos está que se pueda firmar un compromiso de cese, tras devolver el dinero que se cobró sin ser legal. Así se evita suspender el servicio electrónico. Otro punto es que nuevamente existan jueces de contravenciones. Además se requiere una campaña para que el ciudadano se empodere conociendo su derecho para que lo defienda.

- ¿Ante quién demandar?

- Ante la entidad financiera que emite la tarjeta y en la Defensoría del Pueblo presentar una foto del precio que se hace publicidad y con la factura para cotejar. Vamos a enviar este informe a las autoridades y luego de esto habrá una nueva reunión. Los controles van a seguir.