¿Quiénes pueden beneficiarse de la condonación de deuda en la CFN 2025? Requisitos
El Decreto Ejecutivo 602 busca dar una salida a ciudadanos que enfrentan procesos judiciales por deudas impagas con la CFN
Como parte de su política para aliviar la presión financiera sobre ciudadanos vulnerables y dinamizar la economía nacional, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 602 el 14 de abril de 2025. El documento dispone que la Corporación Financiera Nacional (CFN) condone deudas consideradas irrecuperables, hasta un monto de $ 5.000 de capital.
Este Decreto fue firmado el 14 de abril de 2025, un día después de que Noboa fuera reelecto como presidente de Ecuador. Con el 97,6 % de actas escrutadas hasta el lunes, Noboa obtenía el 55,64 % de los votos frente al 44,36 % de su contrincante, Luisa González, según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). El mandatario busca consolidar su agenda económica y social para un segundo período constitucional completo, evitar gastos innecesarios en procesos judiciales que ya no representan recuperación para el Estado, y al mismo tiempo dar una segunda oportunidad a emprendedores y familias en situación de vulnerabilidad.
¿Quiénes califican para el beneficio?
Según el decreto, el alivio está dirigido a personas naturales que mantengan obligaciones en estado judicial con la CFN y cuyas operaciones estén clasificadas como riesgo “E”, es decir, de muy difícil o nula recuperación.
Esto incluye a pequeños emprendedores, ciudadanos en condición de vulnerabilidad y personas que, debido a su situación económica, han sido judicializadas por deudas menores.
¿Qué tipo de deudas se perdonan?
La condonación solo aplica a créditos otorgados directamente por la CFN, excluyendo a fideicomisos u otros mecanismos de financiamiento. Además, el capital de la deuda no debe superar los $ 5.000.
El Decreto 602 faculta a la CFN a emitir las resoluciones necesarias para desistir de los procesos judiciales en curso y a documentar detalladamente cada condonación. También se exige la presentación de informes trimestrales de avance a la Presidencia, lo que garantiza seguimiento y transparencia.
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