“Si no puede ponerse la camiseta, este trabajo no es para usted”. El mensaje le llegó a Andrés T. (nombre protegido) a las 23:00 de un lunes, el mes pasado. El joven, trabajador del área administrativa de una universidad pública de la capital, le había insistido a su jefa que, debido a la hora, su jornada de trabajo había terminado y no podía cumplir con el pedido que le había hecho minutos antes.

No era la primera vez, era la doceava desde que empezó la emergencia sanitaria por COVID-19. Tras su negativa, fue sancionado. Ahora esos mensajes, al igual que capturas de correos electrónicos y llamadas telefónicas reposan en las manos de la abogada laboral Carolina Astudillo.

“Desde septiembre llevo tres casos similares, donde hay un abuso de parte del empleador al horario de desconexión, y un acoso sistemático al empleado que quiere que se respete su jornada”, explicó.

Según datos del Ministerio de Trabajo, desde el 16 de marzo hasta el 22 de octubre, se han registrado 160 denuncias, la mayoría de ellas entre julio y septiembre. Mientras que en marzo tan solo se formalizaron 11 acusaciones, para julio se habían inscrito 45.

La cartera estatal señala que en estas no se ha especificado el abuso de horarios en la modalidad de teletrabajo, pero sí se han solicitado pedidos de inspección focalizada, que se realizan por pedido del trabajador sobre un punto determinado de protección de los derechos laborales.

Para Astudillo, esto se debe a las dificultades que presenta la propia normativa que rige esta modalidad de trabajo, y que se emitió a inicios de septiembre pasado.

“Las denuncias son complejas, porque hay una contradicción en la ley con respecto a las horas de trabajo que aplican en el teletrabajo y porque las inspecciones no pueden hacerse de la forma tradicional, pues el empleado está en casa y debe mostrar elementos que prueben su denuncia”, agregó.

Con ella concordó el doctor en Jurisprudencia y catedrático José Egas, quien señala que el acuerdo ministerial que delinea la figura del teletrabajo se contradice.

“Una de las directrices dice que el trabajador tiene derecho a doce horas continuas de desconexión por cada periodo de 24 horas, pero otra indica que se deben respetar los periodos de descanso que se tenían en la jornada presencial, incluida la hora de almuerzo. Eso se presta para confusiones y también para abusos”, analizó.

El sector empresarial rechazó los abusos e indicó que estos deben ser sancionados, pero reconoció que el pago de beneficios como horas extras son una imposibilidad para las compañías en este momento.

María Holguín, titular del Grupo Lila, que promueve las modalidades flexibles de trabajo en el país, indicó que “este momento es difícil para todos. Nos interesa salir de esta crisis y seguir produciendo. El objetivo es determinar lo que funciona mejor en las empresas, quizás trabajando en base a objetivos o metas”, explicó.

En una entrevista, Caterina Costa, titular de la Cámara de Industrias de Guayaquil, indicó que estudios internos muestran que el rendimiento y la productividad de los colaboradores creció con el teletrabajo y que “quienes cometen estos abusos son una minoría”.

Alejandra Paredes es una de las trabajadoras que sigue un proceso laboral contra sus antiguos empleadores. La ingeniera en marketing de 29 años narró que pese a haber aceptado la reducción de jornada a seis horas, trabajaba hasta 12 horas para una agencia de publicidad del Puerto Principal.

“Quienes hemos trabajado en agencias sabemos que es intenso, pero con menos horas, sueldo y sin pago de horas extra, es un abuso. Puse una denuncia interna en Recursos Humanos, porque lo que quería era que se respete el horario o paguen las horas extra, pero me dijeron que la ley sí permitía las supuestas 12 horas seguidas, y a las dos semanas me despidieron”.

Según el Ministerio de Trabajo, en estos casos, la entidad notifica al empleador, se convoca una audiencia de mediación entre las partes y lleva a cabo una inspección sin aviso previo durante el proceso.