¿Qué pasará con las jubilaciones anticipadas bajo las nuevas propuestas del IESS?

En medio del debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha impulsado nuevas estrategias para fortalecer su fondo de pensiones. El programa Afiliación Joven es una de ellas que busca fomentar aportaciones desde edades tempranas y, con ello, permitir el acceso a la jubilación anticipada. Sin embargo, esta modalidad también plantea desafíos económicos y técnicos que podrían redefinir el futuro de quienes aspiran a retirarse antes de los 60 años.

¿Qué es la jubilación anticipada y cómo funciona?

La jubilación anticipada permite a los afiliados retirarse antes de la edad ordinaria de 65 años, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Según el reglamento del IESS, una persona puede jubilarse a los 60 años si ha aportado durante 30 años, o incluso antes si ha acumulado 40 años de aportes, sin importar la edad.

El programa Afiliación Joven, lanzado en 2024, permite a personas desde los 15 años afiliarse al IESS con una cuota mensual preferencial de $53 hasta los 24 años. A partir de los 25, deben pagar la cuota mínima regular de $83. Esta estrategia busca que los jóvenes acumulen aportes desde temprano y puedan jubilarse a los 55 años, siempre que hayan cumplido 40 años de contribuciones.

Reformas a la jubilación patronal: ¿cómo se conectan?

En paralelo a las propuestas sobre jubilación anticipada, el Ministerio de Trabajo elabora una reforma al sistema de jubilación patronal, beneficio que cubre a cerca del 3,8 % de los trabajadores. El nuevo modelo, que será presentado ante la Asamblea Nacional en octubre de 2025, busca reemplazar el esquema actual por un fondo común con aportes compartidos entre trabajadores y empleadores, administrado por el Biess.

Aunque estos dos esquemas son distintos, ambos comparten el objetivo de redistribuir el peso del retiro, ahora, no solo el Estado ni el empleador cargarán con la responsabilidad total. Se plantea una cultura previsional basada en la planificación individual desde edades tempranas. Esto significa que el retiro, anticipado o patronal, dependerá cada vez más del ahorro personal y de una trayectoria laboral constante.

Implicaciones legales y sociales de la compensación jubilatoria

Aunque las reformas impulsadas por el IESS no han modificado aún los requisitos formales de edad o años de aportación para acceder a la jubilación, sí generan efectos indirectos que podrían afectar a quienes optan por el retiro anticipado. Francisco Andino, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, señala que a pesar de que aún no ha hecho un cambio como tal, la falta de concordancia legal entre la Ley de Seguridad Social y la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada en junio de 2025 representa un desafío.

Mientras la primera permite jubilarse desde los 60 años con 30 años de aportes, o incluso antes con 40 años de contribuciones, la segunda establece que los servidores públicos solo pueden acceder a la jubilación voluntaria a partir de los 65 años, y fija el retiro obligatorio a los 70.

Según explica, quienes se jubilen antes de los 65 años podrían perder el derecho a recibir compensaciones estatales, lo que desincentiva esta modalidad y vulnera, en su opinión, derechos previamente adquiridos.

“El marco actual castiga a quienes buscan jubilarse temprano, al eliminar incentivos que antes hacían sostenible la permanencia laboral hasta los 65 años. Es un cambio que afecta el bolsillo y vulnera la estabilidad emocional y financiera de los trabajadores”, puntualiza Andino. 

Además, advierte que medidas de este tipo contravienen principios constitucionales que prohíben retrocesos en derechos laborales. En contextos de inflación, aumento del IVA e inseguridad, la reducción de beneficios se percibe como una carga más para los ciudadanos.

También cuestiona el enfoque exclusivamente fiscal del debate. Señala que, mientras no se transforme el perfil epidemiológico del país ni se fortalezca el sistema de salud, las personas llegarán a edades avanzadas en condiciones precarias. “A los 60 años muchos ya enfrentan enfermedades crónicas mal tratadas. Hablar de extender la edad de jubilación sin resolver el deterioro del sistema de salud es insostenible”, recalca.

Deuda del Estado y déficit operativo

Hasta mayo de 2025, la deuda del Estado con el IESS alcanzó los $27.389 millones, según datos oficiales presentados por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Édgar Lama. De ese monto, cerca de $20.000 millones corresponden a capital y el resto a intereses acumulados por años de retrasos. Esta cifra representa el 27 % del PIB y el 75,9 % del Presupuesto General del Estado para 2025.

Aunque la Ley de Seguridad Social fue reformada en julio de 2024 para exigir un acuerdo de pago a 10 años, el plazo venció en noviembre sin resultados. Actualmente no existe un cronograma de pagos ni conciliación definitiva con el Ministerio de Economía y Finanzas.

El IESS necesita más de $10.000 millones al año para operar: más de $7.000 millones se destinan a pensiones y más de $2.000 millones a salud. Sin embargo, los ingresos por aportes de los afiliados activos no alcanzan a cubrir estas obligaciones, especialmente considerando que hay 718.000 pensionistas, lo que da una relación de apenas 5 afiliados por cada jubilado, cuando se necesitarían al menos 10 para mantener el equilibrio actuarial.

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