Tras un cierre histórico en 2023, con sus mayores utilidades registradas ($ 737,5 millones), la banca privada recibió el nuevo año con lo que considera una “pésima noticia”. Dentro de la Ley de Competitividad Energética, enviada por el Ejecutivo como urgente económica y aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 10 de enero de 2024, consta un artículo que, según este sector, impactará de lleno en la entrega de crédito en el país.

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En la disposición transitoria tercera del cuerpo legal se señala que “durante el período de un año contado a partir de la publicación de la presente ley, la exoneración establecida en los numerales 3 y 8 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador no será extensiva para la banca que cuente únicamente con capital privado. En el reglamento a esta ley se establecerá el alcance de esta limitación”. De esta forma se elimina la exención del cobro del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos de dividendos de créditos provenientes del exterior.

El analista económico José Hidalgo explica por qué la medida le parece “muy mala. En los últimos años se habían ido incorporando algunas exenciones al ISD para que no fuera un impuesto tan dañino. Y una de esas fue justamente que los créditos contratados con instituciones financieras del exterior no pagaran ese impuesto al momento de las amortizaciones. Ahora se grava otra vez a los créditos que los bancos contratan con bancos del exterior. La consecuencia es un encarecimiento de esos créditos. Entonces, los bancos locales, que ya de por sí enfrentan un escenario de liquidez bastante estrecho, ahora tienen menos incentivos para contratar préstamos afuera, porque a la tasa, que ya es alta por el contexto internacional, por el riesgo país, se sumará este impuesto. Me parece una medida que no solo afecta a los bancos, sino también a las personas que buscan un crédito, porque va a haber menor disponibilidad de recursos para ofrecer préstamos. Un financiamiento restringido que podría repercutir en la dinámica de hacer negocios, al comercio y, por ende, a la propia economía”.

Esto último porque, si los bancos dejan de traer dinero, entran menos dólares a la economía. Es, por tanto, “una medida nociva e inadecuada”, en un momento en que se requiere apoyar la reactivación.

A nombre de las instituciones financieras, el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), Marco Rodríguez, profundiza sobre el efecto que puede llegar a tener esta medida.

“Entre 2020 y 2023, la banca atrajo más de $ 2.000 millones en financiamiento desde el exterior. Dado que estos recursos sirven para financiar a las familias y emprendedores del país, esta medida agudizará los problemas que ya existen en el flujo de financiamiento para todos los segmentos de la población. En la práctica, este cambio aumentará la exclusión financiera de grupos vulnerables, como mujeres, jóvenes y emprendedores, debido a que no tendrán acceso a financiamiento formal, e indirectamente impactará en la recaudación de impuestos para el Estado”.

UTILIDADES.

Esta medida se da en un contexto de iliquidez del Gobierno y su urgencia de buscar nuevos recursos para cubrir el presupuesto estatal, pero también en un momento de bonanza para el sistema financiero, debido al monto de utilidades logradas en el último año.

Al cierre de 2023, los bancos privados aumentaron en $ 73,8 millones (11,1 %) sus ganancias respecto al 2022, hasta llegar a los $ 737,5 millones, las mayores históricas. Pero, ¿por qué no compensar este pago con los beneficios logrados? Rodríguez responde que la principal fuente de fondeo de los bancos son los depósitos de sus clientes. Y luego de esa, son los créditos que logran conseguir de multilaterales y otras agencias de desarrollo que buscan apoyar segmentos vulnerables, principalmente.

Pero también están estos beneficios que ayudan a inyectar dinamismo a la actividad. $ 8 de cada $ 10 de utilidades de la banca, se agregan al patrimonio, lo que permite mantener un nivel apropiado de colocación de crédito y fortalecer los niveles de provisiones.

“Hay que resaltar que, además de impulsar la economía con crédito, la banca es la actividad económica que más impuestos paga, a pesar de no ser las que más utilidades gana. Las utilidades de los bancos privados provienen de su rol de intermediación financiera (que es la captación de recursos del público con el objetivo de otorgar créditos). Mientras más crédito se entrega (que es positivo para la economía), más utilidades generan los bancos”.

El sector espera una revisión de este tema. En este nuevo entorno, la banca denuncia que la normativa “es inconstitucional por dos razones fundamentales: por un lado, el proyecto de ley original no contenía esta disposición transitoria, es decir, este cambio fue incorporado por la Asamblea, violando el principio de que únicamente el presidente tiene la potestad de proponer la creación de nuevos tributos o de modificarlos (incluyendo exenciones). Y, por otro lado, esta norma también viola el principio de unidad de materia, cuando en una nueva ley cuyo eje temático es el aspecto energético (Ley de Competitividad Energética), se incorpora este aspecto tributario que no guarda ninguna relación con el mismo”.

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