El Decreto Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres, que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso remitió a la Corte Constitucional el pasado 5 de septiembre, traza las directrices que el sector público y privado deberán acatar, en caso de emergencias provocadas por fenómenos naturales. El documento, que contiene  ocho capítulos y disposiciones generales, se emite a pocos meses del inicio de la etapa invernal del país que, este año, según han advertido expertos, podría tener consecuencias mayores por la llegada del fenómeno de El Niño. 

Este decreto, según se explica, tiene por objeto normar la gestión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para la ejecución de acciones de prevención, preparación y respuesta ante desastres, para con ello "suprimir o reducir afectaciones y pérdidas, tanto humanas como económicas". 

Las disposiciones del presente decreto-ley, que de ser aprobado por la Corte se aplicarán en todo el territorio nacional, marcan la ruta de acción de los Comités  de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales, provinciales o nacional, así como de los gobiernos autónomos descentralizados. 

A estos últimos se les pide  implementar  medidas y acciones para el análisis, evaluación y previsión del riesgo, que incluye el diseño de "protocolos para la generación de información y para el intercambio efectivo de la misma, con los demás integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos e incluir el análisis de riesgos en los planes y proyectos de desarrollo local".

El documento delimita también la forma en cómo se debe declarar los estados de alerta, estos serán  competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, metropolitanos, provinciales y regímenes especiales, en el ámbito territorial de su competencia; y, del ente rector de la gestión de riesgos "en casos de amenazas regionales y nacionales o en atención al principio de descentralización subsidiaria".

En cambio se emitirá una declaratoria de desastre "cuando la emergencia acontecida supere la  capacidad de las entidades activadas en los diferentes niveles de gobierno, y se necesite el apoyo de las instancias con mayor jurisdicción territorial, incluidas las instancias gubernamentales sectoriales, con base en los informes técnicos justificativos". 

• Reformas de ley

En el decreto se sugiere aplicar cambios a seis leyes: la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, el Código de Comercio, el Código Civil, la Ley de Registro, Ley de Minería y Código Orgánico Administrativo.  

En la norma del ámbito pesquero se pide incluir, por ejemplo, la posibilidad de que "los titulares de concesiones de zona de playa y bahía destinadas exclusivamente a la actividad camaronera, cuyas superficies hayan perdido la influencia marina de las mareas por la acción del hombre o la naturaleza", puedan pedir al ente rector que deje sin efecto la concesión otorgada y que se inicie la adjudicación directa de tierras e infraestructura.  Un cambio que también exige reformas al Código de Comercio, Código Civil y Ley de Registro. 

En la ley minera, en cambio, se pide reformar el uso que se le puede dar a la  maquinaria que es decomisa en actividades de minería ilegal. Allí se plantea que estos equipos puedan ser empleados para enfrentar la amenaza de El Niño. 

Por último, el decreto ley también plantea reformar procesos de la contratación pública. Allí se dispone suprimir los informes que realiza la Contraloría General del Estado en procesos o contratos que se hagan "bajo régimen especial, de emergencia o estado de excepción". De esta forma se busca disminuir los tiempos que normalmente tardan las empresas públicas para contratar servicios, en tiempos de emergencia. 

• Medios de comunicación. 

A los medios de comunicación, tanto públicos como privados, cumpliendo con su responsabilidad social, y en el marco de las normas que les son aplicables, se les pide fomentar y promover el desarrollo de campañas de sensibilización pública en cultura de prevención del riesgo de desastres. "Estas campañas serán coordinadas con el ente rector en gestión de riesgos o con las autoridades locales bajo los lineamientos de la política pública de gestión de riesgos".

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