Este martes 4 de mayo, el pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión virtual 699, aprobó    con 107 votos a favor, el proyecto de “Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos legales    para Reforzar la Prevención y el Comercio Ilícito, Fortalecer la industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico”.

En esta norma se establece la creación de un comité interinstitucional que estará presidido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae),  el cual deberá delinear un reglamento para combatir el contrabando, la defraudación aduanera y la recepción aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos; además de adecuar las penas contra los delitos asociados al comercio ilícito.

El asambleísta Héctor Muñoz, uno de los autores e impulsores de la ley, destaca la importancia de poder fortalecer la institucionalidad para combatir estos fenómenos que, dice, afectan a la competitividad y el desarrollo del país, limitando las posibilidades de empleo y bienestar.

Actualmente, dijo, ni siquiera existe información oficial que pueda medir el verdadero impacto que tiene el contrabando en la economía, pero hay estimaciones que señalan que la afectación por la defraudación fiscal podría alcanzar hasta los   $ 2.000 millones al año y que    estaría impidiendo la creación de unas 200.000 plazas de trabajo.

Muñoz dijo a diario EXPRESO que una de las disposiciones más importantes que se incluyen en la ley es el diseño de un modelo de trazabilidad  y manejo de datos, que permitirá el rastreo (desde su origen hasta su destino) de productos. Una tarea, que al incluir oferta sensible, deberá estar bajo el control de entidades estatales como el propio Senae o el Servicio de Rentas Internas (SRI) y no de entes o actores privados. “Actualmente no tenemos esta trazabilidad que requerimos, en ese sentido el control de las mercaderías en tránsito es un desastre”, dijo.

Otro de los cambios, añadió, está relacionado con el incremento y la rigurosidad en la aplicación de multas. Según Muñoz, en esta ocasión se busca sancionar el contrabando fraccionado, aquel que incluye mecanismo para introducir al país mercadería por tramos, para burlar el control.

Otras reformas también regulan la afectación de la Propiedad Intelectual. Actualmente el Código Orgánico Integral Penal incluye sanciones pecuniarias por este tema, “pero lo que se hace es abrir el espectro de ese delito. Ya no solo la pena es para quien cae en una falsificación de productos, sino que se incluyen otras malas prácticas que afectan los derechos de autores”. 

Aprobada esta ley, el Ejecutivo tendrá hasta 30 días para observarla o vetarla. Por la transición política que vive el país, se estima que este trámite quedará en manos del nuevo Gobierno, que asumirá funciones el próximo 24 de mayo.