Los llamados ‘peces gordos’ del desfalco cometido en contra de los recursos del Isspol han empezado a caer. Al menos esa es la luz de esperanza que muchos empiezan a ver, luego de que la Policía de Ecuador anunciara, el jueves pasado, la detención de Gad Iván Goldstein Valdez y Enrique Xavier Huerta Egüez en suelo norteamericano. Un proceso que ha abierto la expectativa de una posible extradición que obligaría a ambos a tener que enfrentar los cerca de 40 procesos que la justicia ecuatoriana sigue en su contra, tres de ellos penales por falsedad de información.

La alerta se dio vía Twitter. Goldstein, quien era accionista de Delcorp y Ecuagran, y Huerta, exgerente de Delcorp, dos firmas guayaquileñas señaladas por presuntas estafas en el mercado bursátil, fueron detenidos por la justicia estadounidense como producto, dijo la Policía, del trabajo coordinado que se siguió con el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Si bien un día después del anuncio oficial corrió el rumor de que ambos habían sido liberados (la Policía de Ecuador hasta ayer no oficializó esta versión), la detención es una acción que para muchos no deja de tener sus méritos.

Juan Xavier Santos, actual procurador judicial de Ecuagran, empresa que junto a Delcorp está en proceso de liquidación, explica que la detención no necesariamente significa que la justicia estadounidense haya decidido ya su extradición. “Es un proceso que se debe seguir ante un juez federal, que es quien tiene que decidir si eso se da o no, porque tanto Goldstein como Huerta tienen derecho a la defensa”.

Santos recuerda que la captura es producto de la difusión roja que en diciembre de 2021 dictó el juez Oswaldo Sierra, dentro del caso Ecuagran, uno de los tres procesos penales que la justicia ecuatoriana ha abierto por el presunto delito de falsedad de información, que también involucra a su relacionada Delcorp, tras verificarse que hubo una emisión irregular de títulos valores por aproximadamente $ 80 millones que terminaron impagos y perjudicando al Isspol, al Biess, a la Corporación Financiera Nacional (CFN), al Fondo de Cesantías del Magisterio, que se atrevieron a invertir en esos papeles.

Lo positivo aquí es que el anuncio de una primera detención ha abierto la posibilidad de extradición (que antes se veía lejana) e implica la posibilidad de que ambos tengan que enfrentar a la justicia. El mayor delito que se les imputa es haber “presentado balances inflados y auditorías externas que no reflejaban la real situación de ambas compañías... lo que les permitía que la Intendencia de Mercado de Valores, a través de estos estados irreales, aprobara la emisión de obligaciones por $ 30 millones ($ 15 millones cada una)”, recordó ayer Víctor González, el fiscal encargado de impulsar los procesos investigativos no solo del caso Ecuagran, sino de Delcorp y SMS. Estos procesos han pasado la instrucción fiscal y atraviesan la etapa de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

De ser extraditados, ambos acusados tendrían también que enfrentar decenas de demandas civiles. Según el sistema del Consejo de Judicatura, desde agosto de 2020 hasta ayer, en contra de Goldstein están registrados 23 procesos, mientras que Huerta llega a acumular 14. 

Estos, explica Santos, están relacionados con pedidos laborales de extrabajadores de ambas empresas que aún esperan el pago de indemnizaciones y liquidaciones; pero también con las acciones que han interpuesto diferentes compañías, entre ellas la misma Ecuagran, que presentó una acción pauliana que busca “revocar actos civiles fraudulentos en perjuicio de los acreedores”, como la dación irregular de acciones entre una empresa y otra. Este proceso fue archivado, dijo, pero se ha presentado una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez por “error inexcusable”. En el listado de demandas también constan pedidos de cobro por letras de cambio, pagarés a la orden y obligaciones impagas.

Los pendientes son muchos y por ellos, señala Renato González, director del Isspol, también debe responder Enrique Weisson Accini, exgerente de Ecuagran, quien actualmente reside en España y sobre quien también pesa la misma difusión roja. Según Judicatura, sobre él recaen nueve demanda civiles. A él le aconsejó vía Twitter “mejor retornar al país, pues acá incluso existen un montón de recursos para los procesados”. El Isspol reclama $ 25 millones a ambas empresas, de un total de $950 millones de fallidas inversiones.