Isspol, un caso que decae ante la indiferencia política

  Economía

Isspol, un caso que decae ante la indiferencia política

El origen de responsabilidades sobre la millonaria inversión fallida sigue en penumbra. La falta de iniciativas para investigar el caso le pasa factura al tema

ISSPOL
Exteriores del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), en la capital.  

Del fondo de pensiones de la Policía Nacional se ‘mal invierten’ $ 693 millones de ahorros. Un enorme hueco en las cuentas que hoy está obligando al Estado a asumir parte del pago de pensiones policiales y que ha llevado al Isspol a mermar su capacidad de otorgar préstamos. Un hecho con enormes consecuencias económicas y sociales, pero que en el país parece importar poco. La falta de iniciativas políticas que ejerzan presión sobre el tema, y la lenta investigación, lo han dejado sin trascendencia.

Es verdad que no se ha hecho lo suficiente en este caso particular, en materia de control político. En ese sentido hay un pendiente. Esta y la próxima Asamblea deben trabajar más al respecto.

Henry Cucalón (PSC)
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El pasado miércoles fueron detenidos cuatro exfuncionarios de la Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), por estar presuntamente involucrados en las operaciones financieras que se llevaron a cabo desde el 2011. Se trata de la primera intervención concreta, luego de seis meses de investigaciones que, hasta el momento, no han definido la ruta de recuperación del dinero y que sigue dejando en la impunidad la responsabilidad política y administrativa de funcionarios de las Bolsas de Valores, Decevale y autoridades de control. El tema, sin embargo, no aparece como prioridad en la agenda política que, en época electoral, denota dar cabida a otros temas. Ni siquiera si sus principales figuras con mayor tendencia a elección popular son consultadas (ver gráfico) al respecto.

Recabar información del tema, sobre todo en pandemia, ha sido complejo y complicado. Hemos tenido que llamar a autoridades gubernamentales anteriores, de hasta casi 10 años atrás.

Fernando Flores (CREO)

La Asamblea Nacional, el ente llamado a fiscalizar este tipo de irregularidades, sigue en compás de espera. La expectativa, dice Samia Tacle, miembro de la Comisión Laboral y Seguridad Social, aún está puesta en la investigación que lleva la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, encargada de investigar el tema que, admite, ha sido complejo desenredar y comprender, sobre todo por la reserva en la que se envuelven algunos procesos que hoy siguen siendo indagados por la Fiscalía.

La reserva que envuelve a este tema ha sido una traba. También hay que ver el momento político que vive el país, los escándalos de corrupción que salen en diferentes frentes y sobre los que también se debe investigar.

Samia Tacle (PSC)

En esto último coincide Fernando Flores, presidente de la mesa, quien afirma que no ha sido fácil, en época de pandemia, fijar reuniones y convocar a exfuncionarios (de hasta hace 10 años) para recopilar información para entender en qué momento y bajo qué autorizaciones se dieron las primeras negociaciones. El primer informe, asegura, será aprobado hasta el próximo viernes 5 de marzo. En él, anticipa, se plantearán recomendaciones para que la Asamblea inicie la fiscalización política sobre algunas autoridades de control que aún están en funciones.

El asambleísta Henry Cucalón, de la Comisión de Justicia, admite que sí hay que hacer un mea culpa en este caso. El Legislativo debió hacer más en materia de control político para pedir la cabeza de malos gestores. No obstante, atribuye esta deuda a la espera que también han generado las investigaciones con carácter penal, que se llevan en Fiscalía. “Habrá personas que tienen que ir presas y no solo ser destituidas”.

Ha habido complicidad para proteger al gobierno de Lenín Moreno. Desgraciadamente la Asamblea Nacional se convirtió en el patio trasero del Ejecutivo. Sobre el tema hay intereses políticos.

Esteban Melo (RC)
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El asambleísta Esteban Melo apunta razones que van más allá. Las demoras para resolver este caso, dice, deben también atribuirse a los intereses políticos. Para él, en la Asamblea hay quienes buscan cubrir las espaldas de los funcionarios del actual Gobierno, responsables de haber desaparecido las garantías que respaldan dichas inversiones del Isspol.