No podía con la emoción. Tras seis meses de espera, de no concretar ni una sola venta, cuatro clientes querían comprar apartamentos en el edificio en el que él y sus socios habían invertido más de $ 300.000. “Fue como un milagro”, recuerda el constructor Daniel Terán. Pero solo una de las ventas se concretó.

“Hay mucho interés en adquirir viviendas, pero los requisitos para los préstamos hipotecarios se han endurecido, y mucha gente está usando su liquidación para dar la entrada. Luego, porque no tienen trabajo, no pueden continuar con el proceso”, explicó.

Con él concordó Joan Proaño, director de Constructores Positivos, quien describe una situación similar en la capital. “De enero a junio vimos una baja del 41 % en las reservas de casas y apartamentos, pero desde entonces hemos tenido un repunte. El problema viene después, en el requerimiento del crédito se cae el proceso”.

Y sin duda, el interés es sorprendente. Según el último informe de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), hasta la fecha, el pago de reservas (un valor del 15 % al 30 % de costo total de la construcción) ha aumentado en un 60% a nivel nacional, principalmente en Quito y Guayaquil.

Para Jaime Rumbea, titular de la entidad, esto se debe a que la pandemia generó en muchas familias la necesidad de contar con una casa propia. “La cuarentena hizo que muchas personas cambiaran sus prioridades y que optaran por una casa, ya sea para ellos o porque es una inversión segura y estable”, enfatizó.

Pero explica que el acceso a los créditos se ha vuelto un problema debido a los procesos de recalificación del Biess y el sistema bancario.

“La banca empezó a reestructurar sus procesos para seguir nuevas normas de calificación, con la legitimidad que aquello tiene, pero ha tenido una incidencia incluso en procesos que ya estaban andando desde enero de este año”.

Sin embargo, el endurecimiento de requisitos es comprensible, pues desde el inicio de la emergencia sanitaria, la mora en los hipotecarios ha aumentado significativamente. Para el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) este subió de 7 %, su máximo histórico, a 12 %, y para la banca privada el porcentaje es de 5,26 %. Esto representa más de $ 900 millones de cartera vencida por cobrar.

El cuello de botella del acceso a los créditos también ha generado que, para el sector de la construcción, la reactivación solo haya sido parcial. Según Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Construcción, el 40 % de los proyectos inmobiliarios en el país continúa parado.

“Pasamos de contribuir con el 10 % del PIB al 7,8 %. Hay una contracción muy fuerte, y una desaceleración del 29 %. Hemos visto que los créditos hipotecarios bajaron un 56,6%, y la inversión pública en vivienda social aún es baja”, analizó.

Este sugiere que, para dar cabida real al interés de los usuarios en adquirir una vivienda, es necesario que los costos de las casas bajen y que se apoye a quienes buscan un crédito con tasas de interés reducidas y plazos más largos para el pago del préstamo.

Con esto concuerda Proaño, quien señala que por medio punto de reducción en las tasas de interés, el usuario necesita 4% menos ingresos para comprar una vivienda. “En una economía como la nuestra, no podemos tener tasas de interés del 10 %, son excesivamente altas y se vuelven un obstáculo para el comprador”.

Las mujeres, con menos créditos

Si acceder a un crédito en esta época se ha vuelto más difícil, para las mujeres es doblemente complejo. Así lo indica un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado el mes pasado, que señala que de las 259.853 mujeres sujetos de créditos, solamente 2.783 de ellas-equivalentes al 1,1 %- obtuvieron créditos de vivienda en el sector financiero popular y solidario.

El informe atribuye la dificultad para acceder a préstamos hipotecarios a factores como un porcentaje menor de ingresos en los hogares con jefatura femenina, una diferenciación de salario frente a sus contrapartes masculinos, de cerca de un 20 %, falta de educación financiera, y una menor participación en los empleos formales, que es de 32,5 % frente al 46,5 % de los hombres.