Un pedido contra reloj. Mientras la Ley para la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos alista su informe para segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional, la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas) espera que el Estado les otorgue una prórroga y que, de aprobarse la medida, esta no entre en vigencia hasta 2030.

¿Por qué? Para conservar los puestos de trabajo de las 25.000 personas que laboran en este sector, de manera directa e indirecta. La industria, explica Alfredo Hoyos, miembro de la directiva de Aseplas, también ha visto sus ventas reducidas durante la pandemia por la COVID-19.

“Al igual que todas las empresas en el país, las empresas que son parte del gremio también se han visto en apuros para conservar sus ventas y mantener su producción. Eliminar el plástico de un solo uso ocasionaría el cierre definitivo de las empresas que no tienen en este momento cómo invertir en hacer el cambio hacia los productos biodegradables”, estableció.

El costo de la producción de estas, establece el gremio, aumentaría hasta en cuatro veces su valor, haciendo que productos como las fundas, pasen de costar $ 0,01 a $ 0,10 por unidad. La materia prima para elaborar envases y bolsas biodegradables también implica el aumento de inversión en aproximadamente un 50 %. El promedio de inversión para la transformación de las empresas es de $ 4 millones.

No obstante, el debate sobre la reducción del uso del plástico es uno que tiene más de quince años en la palestra pública, y que se ha ido normando a través de regulaciones con respecto a los contenidos del producto y el procesamiento de este como desecho.

En 2014 se pasó la principal de ellas, la ‘Política integral para la gestión de plásticos’, que priorizó el desarrollo de bioplásticos y plásticos degradables.

Hoyos aclara, sin embargo, que el gremio está a favor de la regulación, pero con plazos que permitan la transformación de las empresas. Agrega que la medida debe venir con un énfasis en el reciclaje, normado a través del Estado, y la implementación de plantas de compostaje para productos biodegradables, que actualmente no existen en el país.

“No podemos tener ordenanzas en cada municipio del país sobre cómo lidiar con el plástico. Debe haber una ley nacional, pero también incentivos para que se utilice la materia prima reciclada, por ejemplo, en la construcción. No se debe hacer todo en base a prohibiciones”, recalcó.

Arturo Sánchez, vicepresidente de la empresa Flexiplat, concuerda indicando que en países donde se ha aplicado la reducción del plástico, esta ha venido con un énfasis en el uso de productos reciclados. “Se debe reforzar la economía circular, para que la reducción del plástico funcione. Hay productos donde se reutiliza el producto, como en pallets o sillas, pero esto debe venir de la mano de una normativa”, dijo.

Este comentó que en países europeos estos incentivos han dados buenos resultados, así como las campañas de impulso al reciclaje, que considera deben ser reforzadas en Ecuador.

La Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que analiza el uso de plástico desde el proyecto de ley de Economía Circular, se reunió con el gremio en dos ocasiones. El asambleísta Esteban Albornoz, titular de esta, indicó que las observaciones se considerarán, pues la normativa busca “trabajar en una nueva visión del modelo económico para reaprovechar todos los recursos y reotorgarles valor para crear fuentes de empleo”.

Una tendencia en auge

Las regulaciones destinadas a reducir el plástico a nivel mundial se han fortalecido en la última década. Según datos de ONU Medio Ambiente, el 66 % de los países ha adoptado algún tipo de legislación para regular las bolsas de plástico. Las normas más restrictivas, sobre todo en cuanto a la reutilización de residuos, y donde también se prioriza el reciclaje son Suecia, Japón, Italia, Alemania, Bélgica y Suiza.

Aun así, el año pasado, 200 países se sumaron a la resolución de la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de reducir el consumo de plásticos de un solo uso hasta 2030. Tres países se opusieron a esta meta: Estados Unidos, Arabia Saudita y Cuba.