Un mayor flujo de dinero: petróleo más alto y mejor recaudación tributaria, sin embargo, la ejecución presupuestaria al primer semestre de 2022 muestra lentitud a la hora de ejecutar gastos en ciertos sectores.

Si bien a nivel general hay una ejecución del 49 %, hay entidades que han gestionado bajos porcentajes en los primeros seis meses del año. El problema se torna más grave cuando sectores como salud, seguridad y educación viven una aguda crisis que se pone en evidencia en escasez de medicinas, problemas en las cárceles o escuelas en malas condiciones.

Y en el Gobierno no hay quién asuma la responsabilidad. Cuando el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, llegó a la cartera de Estado, a inicios de julio de este año, dijo que sí hay recursos, pero que los ministerios reportan una ejecución de sus recursos de casi el 30 %.

Del otro lado, las entidades han mencionado demora en la transferencia de dinero como una justificación para la implementación eficaz de sus planes, en momentos que se requiere una acción rápida, como en el caso de salud y seguridad.

Según el reporte ‘Gastar lo recaudado’, elaborado por el Observatorio del Gasto Público, el primer trimestre de 2022 dejó un superávit de $ 609 millones para el Gobierno gracias al aumento del precio del barril de petróleo, la eliminación de los subsidios a los combustibles y el incremento en la recaudación de impuestos.

Sin embargo, si se desmenuzan los números, entidades como el Ministerio de Salud muestran una ejecución del 39%, el de Educación 38 % o el de Gobierno 31 %.

En el caso del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), encargado de las cárceles, muestra una ejecución del 31 %.

“Lo del Ministerio de Gobierno e Interior creo que se truncó por el hecho de la división y los procesos que se requieren. El detalle es conocer cuánto está destinando al Ministerio del Interior y en la Policía Nacional para efectos de cambiar la capacidad operativa porque el gasto corriente se ejecuta por el tema de sueldos y salarios”, aseguró Daniel Pontón, experto en seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Otro de los puntos que le llama la atención a Pontón es que en el Ministerio de Defensa tienen más del 40% devengado, pero “no es nada más y nada menos que sueldos y salarios, así que no se ve ningún mérito y lo mismo con el SNAI”.

Por tal motivo insta a que las instituciones públicas revelen el detalle de sus acciones de inversión. “El problema también es que en los últimos años hay menos presupuesto para inversión por el tema de la austeridad fiscal, pero eso no quita que deba existir problemas de subejecución que ese es un grave problema que se refleja en las limitaciones que tiene la policía, en el parque automotor, uniformes, etc”.

Incluso hay entidades que han usado menos del 10 %. Ese es el caso de ministerios como el de Vivienda o el de Energía, dos carteras importantes para dinamizar la economía.

El Ministerio de Energía se justificó al señalar que 11 % de su presupuesto se destina a egresos permanentes y el 89 % para egresos no permanentes que provienen de créditos    multilaterales.

Según la entidad pública, el porcentaje de ejecución de egresos permanentes a la fecha es del 51 %. Además, señaló que el ministerio no ejecuta directamente los egresos no permanentes, debido a que transfiere el dinero a Celec y CNEL, entre otras empresas públicas y sociedades anónimas adscritas a la cartera de Estado.

“En los últimos tres meses, el porcentaje de ejecución de egresos no permanentes pasó del 1% (en abril) al 14% en (julio)”, dijo la entidad.

Una cosa es austeridad y otra ineficiencia, aseguró Andrés Mideros, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE),

“Es un tema de absoluta ineficiencia, en el sentido que son recursos de la sociedad que no se están usando para poder cubrir las necesidades que se tienen. Una cosa es querer cerrar el déficit fiscal y para eso se hace un presupuesto y otra cosa es no ejecutar los recursos que el mismo Gobierno dijo que lo iba a hacer”, señaló Mideros.

La obra pública también muestra problemas a la hora de ejecutar. El Ministerio de Transporte y Obra Pública ejecutó el 27 %, según el informe del Observatorio del Gasto Público. El principal efecto de la inmovilidad de los recursos es el lento crecimiento económico del país, aseguró el decano de la PUCE.

“La inversión pública es la variable que no ha habido mayor ejecución. La pregunta es por qué pasa eso si ha habido ciertos remanentes de recursos”, aseguró Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.

El pasado martes, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señaló que Ecuador está entre los 16 países de América Latina y El Caribe que sus economías se achicaron con la pandemia y todavía no han recuperado el tamaño que tenían previo a la crisis, en 2019.

En el mejor de los casos, la economía ecuatoriana regresará a niveles previos a la pandemia en 2023. Hay dos factores que incidirán en el bajo crecimiento para América Latina y El Caribe: la contracción del consumo y una baja inversión.

García coincide con Mideros y señala que hay ineficiencias en la ejecución del presupuesto. “El Gobierno no logra sostener de la manera más eficiente la inversión pública”, añadió el titular del Colegio de Economistas de Pichincha.

Entre los tres puntos del plan de acción de Arosemena en el Ministerio de Economía y Finanzas está agilizar el flujo de recursos para que el dinero le llegue a los ciudadanos y así dinamizar la economía, y se espera que la semana que viene anuncie nuevas medidas en esa línea.

La Cepal hizo un llamado urgente el martes pasado a aumentar la inversión en América Latina y el Caribe, que se ubicó en los niveles más bajos a fines de 2021 en comparación con otras regiones.

Para lograr esto último es necesaria una mayor coordinación entre la política fiscal y aprovechar el conjunto de herramientas del que disponen las autoridades a fin de no subordinar el crecimiento y la inversión a la política antiinflacionaria. Además, dijo la Cepal, los esfuerzos macroeconómicos deben ser complementados por políticas industriales, comerciales, sociales y la economía del cuidado, indica el documento.

La respuesta a la ineficiencia

Al presentar las cifras de la falta de ejecución del presupuesto del Gobierno nacional en casi todas las entidades estatales, el mal sabor es evidente en los rostros ciudadanos, pues señalan que “esa puede ser la mayor causa de la ineficiencia en los servicios públicos que hay en el país”, lamentó Valeria Luna, estudiante de Economía en la Universidad de Guayaquil.

Diario EXPRESO realizó un recorrido en las calles del Puerto Principal para conocer la opinión ciudadana sobre el uso de sus impuestos, descuentos de los salarios y más hacia el Estado y la retribución que reciben en el diario vivir de forma directa o indirecta.

“Eso es ser indolente, porque solamente del SRI son más de 3.500 millones, súmele el incremento del precio del barril del petróleo. Que ellos tengan el dinero ahí, habiendo tanta necesidad, sinceramente me da hasta dolor de cabeza”, expuso el abogado Fabián    Quiñónez en los exteriores de la Corte Provincial del Guayas.

De su lado, Carmen Quijije, una comerciante de empanadas y jugos de frutas en las cercanías del Parque Centenario, dijo sentirse decepcionada especialmente cuando observa que el Ministerio del Interior no ha ejecutado ni el 50 % de su presupuesto, la entidad está por encima de la Policía Nacional.

“Ahora con esto de las supuestas vacunas uno no sabe si dejar de trabajar porque no sabemos en qué momento puedan llegar con la amenaza, ese dinero se puede usar para fortalecer a la policía y brindar más seguridad”.

Este Diario elevó la consulta sobre la falta del uso del dinero al secretario de Comunicación, Leonardo Lasso, e indicó que dispuso a su equipo de comunicación para que atienda el pedido de información, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Fátima Ibarra, madre de familia, es sincera al señalar que no entiende mucho de las cifras, pero sostiene que “no necesita mucho análisis para saber que no se está haciendo nada por la salud”. Considera inconcebible comprar medicinas para enfermedades catastróficas porque no hay en los hospitales públicos. “¿Dónde están los resultados del abastecimiento de insumos y medicamentos en los hospitales, si tampoco hay especialistas”, reclamó.

De acuerdo al informe del Observatorio del Gasto Público, el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto de $ 3.213 millones para todo 2022 y su nivel de ejecución llega al 40% a la mitad del año. Sus egresos más significativos están en el pago del personal por 1. 543 millones equivalente a un 48% de sus recursos. Pero apenas $ 788,4 millones se destinan para el pago de bienes y servicios de consumo.

Rolando Suárez, jubilado de la docencia, manifestó que la subejecución del presupuesto es “el reflejo de la corrupción”, porque indica que además de incumplir la ley “se demuestra que no hay un verdadero interés para que funcione bien el país. Hay gente detrás de esto esperando aparecer como salvadores, mientras amarran sus negociados”, comentó.