Hace unas semanas, la posibilidad de suspender a un trabajador sin el pago de sueldos era inviable en el país, debido a que la ley ecuatoriana, incluyendo los últimos acuerdos ministeriales, exigen el pago de las remuneraciones aun en situación de emergencia. No obstante, el Ministro de Trabajo, Luis Poveda, ha anunciado este 14 de abril, la posibilidad de incluir esta opción en el proyecto económico urgente que se tramitará en la Asamblea. 

"Aún está analizándose el proyecto, en cuanto a los efectos de la suspensión de la relación laboral, que puede ser una suspensión de hasta de 3 meses, renovable por una sola vez. Y, durante ese lapso, el trabajador no recibiría la remuneración, ni tampoco la aportación del seguro", detalló Poveda esta mañana durante una entrevista en un canal local. 

Otra alternativa estaría relacionada a reducir la jornada laboral y el salario de forma proporcional a las horas trabajadas, hasta por dos años, y con la opción de renovarse hasta por dos años más. 

Este Diario intentó tener detalles de la propuesta, pero aún se espera respuesta del Ministerio, tras la solicitud de una entrevista. Según el funcionario, el tema forma parte de las opciones que se buscan para evitar que los ecuatorianos pierdan sus plazas de empleo. Según los cálculos oficiales, como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19, unas 508.000 personas en Ecuador podrían quedarse sin trabajo y otras 233.000 entrar a la informalidad. 

Tras el inicio de la crisis, desde el Ministerio de Trabajo se aprobaron varias modalidades laborales, para evitar el despido de personas: entre ellos la posibilidad de trabajar desde casa (Teletrabajo) y la opción de poder modificar, reducir y suspender la jornada, pero siempre y cuando se garantice un pago a los empleados. A ello se suma un último  Acuerdo Ministerial (el 080), que permite que durante esta emergencia, los empresarios y los trabajadores establezcan acuerdos para el pago futuro de sueldos. 

"Si no se llega a un acuerdo, lógicamente, cualquiera de las partes puede hacer los reclamos pertinentes, y nosotros debemos actuar", dijo Poveda, quien, sin embargo, espera que la mayoría de empresas logren consensos para poder conservar las plazas de empleo. 

No obstante, pese a estos esfuerzos, en el país oficialmente ya se registran 1.300 despidos intempestivos, dijo Poveda. Ante ello, el Ministerio fortalece su jornada de inspecciones a nivel nacional. "Ya hemos hecho 1.680 inspecciones, verificando el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores y atendiendo las peticiones que formulan los trabajadores". Estas denuncias de despidos, añadió, están siendo ya investigadas. 

Según el Gobierno el proyecto, que entre otros temas también plantea que empresas y ciudadanos aporten a la crisis con una parte de sus sueldos, será enviado "en los próximos días" a la Asamblea, pues aún se pulen detalles.