FMI: Ajustes pactados van más allá de quitar subsidios

Aunque el Gobierno del presidente Daniel Noboa ha mencionado que la eliminación del subsidio al diésel se da para redirigir los recursos a sectores vulnerables, lo cierto es que, en el acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se plantea reducir gastos “ineficientes” del Estado.

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Una sugerencia dada dentro del Acuerdo de Financiamiento Ampliado con Ecuador, para mejorar la situación fiscal entre 2025 y 2028, que incluye un crédito por $5.000 millones, con metas que se deben cumplir para recibir los desembolsos.

Antes de reducir el subsidio al diésel, el Gobierno ya había modificado el esquema de fijación de precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, para disminuir las subvenciones que recibían. También se había iniciado un proceso de despidos de 5.000 funcionarios públicos para bajar el gasto estatal; y se había elevado el IVA del 12 al 15 %. Todas estas acciones se alinean a las ‘exigencias’ del FMI para fortalecer la sostenibilidad fiscal.

Pero aún faltan medidas por tomar. En el documento de la segunda revisión del Acuerdo por la ampliación del préstamo, se establecen las reformas clave que el país se compromete a implementar. En total, son 25 medidas exigidas por el FMI, que van desde ampliar la base tributaria; actualizar acuerdos con el IESS; fortalecer la transparencia en empresas públicas; y modernizar el sistema financiero.

Entre algunas de las que aún no se realizan y que pueden impactar directamente al ciudadano, está la ampliación de la base tributaria y racionalizar los gastos tributarios. Es decir, reducir exenciones innecesarias.

El Fondo sugiere a Ecuador “preparar un plan para movilizar ingresos fiscales no petroleros, incluyendo la racionalización de gastos tributarios ineficientes y la sustitución de medidas de ingresos transitorias por medidas permanentes de alta calidad”, dice el documento.

El economista experto y catedrático, Jorge Altamirano, explica que cuando el FMI habla de “ampliar la base tributaria” se refiere a aumentar impuestos o crear nuevos, para que el Estado recaude más. “Estas recomendaciones van detrás de eufemismos como modernización del Estado, eficiencia y reducción de gastos innecesarios, que terminan afectando el bolsillo del ciudadano”, explica.

Para el analista, estos tipos de requerimientos del FMI, el mismo organismo “que desde hace varios años venía sugiriendo la eliminación de los subsidios de los combustibles”, contradice su objetivo final que es velar por los sectores más vulnerables de la población.

Y es que precisamente otra de las exigencias es crear un plan para completar el registro social que incluya a las familias ubicadas en los tres deciles más bajos de la distribución del ingreso en todo el país. Este referente busca ampliar la cobertura de programas sociales, asegurando que los hogares más vulnerables estén debidamente identificados y puedan recibir asistencia focalizada.

“Siempre las condiciones del FMI han afectado a grupos vulnerables. Ha pasado casi en todos los países con los que ha hecho acuerdos”, dice Altamirano.

Promulgar una regulación sobre medidas de ingresos y gastos

Otra de las sugerencias es promulgar una regulación sobre medidas de ingresos y gastos para garantizar que el plan fiscal de 2025 esté alineado con los compromisos del programa y del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). Este referente estructural busca asegurar que las decisiones presupuestarias del Gobierno estén respaldadas por normas claras.

Altamirano señala que, para cumplir las metas de ajuste fiscal, no hay que descartar una posible alza del IVA de manera temporal. Pues si bien ya está incumpliendo con promesas de campaña como la subida al diésel, la opción de tener que pagar más por impuestos, es posible.

El FMI exige también establecer un acuerdo actualizado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre la transferencia de obligaciones relacionadas con atención médica (proveedores internos y externos).

Asimismo, le pide completar las auditorías de los estados financieros de 2019 y 2020 de Petroecuador y la extinta Petroamazonas, y compartir los resultados con el personal del Fondo. La medida busca transparentar la situación de las empresas públicas del sector energético.

Para el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, Larry Yumibamba, el préstamo del FMI se ha dado en buenas condiciones: tasa de interese (7% anual); plazo de pago de 10 años y 4,5 años como periodo de gracia. Pero las negociaciones han sido un problema, señala. “Como Ecuador ha carecido de un equipo técnico competente, el FMI prácticamente ha liderado las negociaciones y por eso ha sido a través de impuestos tras impuestos”, añade.

Otra exigencia es preparar un estudio sobre el sistema de tasas de interés, incluyendo recomendaciones para mejorar la asignación del crédito, inclusión financiera y crecimiento económico.

También le pide promulgar regulaciones secundarias bajo las leyes eléctricas vigentes para permitir que las entidades privadas vendan electricidad excedente proveniente de autogeneración a la red nacional.

Altamirano indica que el Gobierno no tiene opción y debe cumplir con las sugerencias, implementando las medidas que considera, si quiere seguir contando con los desembolsos. “Ecuador, por el déficit fiscal que tiene ($5.625 millones) y todos los problemas que carga ahora, como en salud y seguridad, necesita desesperadamente de esa inyección de dinero”.

Si bien Yumibamba concuerda en que se debe seguir con el préstamo, Ecuador sí tiene que optar por replantear los términos del acuerdo, por lo menos hasta que el país pueda encontrar otro financista que podría ser China.

“Porque el ajuste fiscal que ha pedido el FMI, va a llevar al país a un estancamiento económico por al menos 5 años más, es decir no crecer más allá del 2%, cuando hasta el 2014 estábamos acostumbrados a crecer en 4,2%” , advierte el experto.

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