¿En qué país del mundo tramitar un permiso para operar un negocio puede tardar hasta año y medio? La demora podría ser más que normal en países subdesarrollados, pero si se habla de sacar licencias ambientales, ese mal récord hoy podría tenerlo Ecuador. Desde ese tiempo, 126 proyectos están paralizados, por la suspensión en la emisión de avales, motivada a raíz de cambios legales que la Corte Constitucional (CC) ha impulsado al respecto.

Así lo atribuye el Ministerio de Ambiente, que admite que entre estas obras detenidas están negocios no solo relacionados a la labor extractiva como la minería, sino otros de menor impacto dedicados a actividades agrícolas, turísticas e incluso obras públicas a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Para Federico Ayala Murrieta, gerente general de Ingaar, una empresa de ingeniería y gestión ambiental, ese tiempo no solo le ha significado una tediosa espera, sino también días de no poder operar para recuperar la inversión que su firma destinó para la construcción de una planta de desechos hospitalarios. Esta, dice, terminó de construirse hace un año en Durán, pero sigue sin funcionar y sin poder crear las 40 plazas de empleo prometidas. “Pero no solo eso, ese atraso a mí me está costando alquiler y guardianía, porque hemos tenido que desarmar parte de la planta para guardar ciertas cosas que estaban en riesgo porque no estamos operando. Además de eso, tengo un préstamo a BanEcuador que empezar a pagar”, dijo Ayala, quien cuestiona que el Ministerio de Ambiente no haya buscado alternativas para emitir los permisos represados, luego de que la Corte ordenó a la cartera de Estado suspenderlos para todo trámite que se hubiese iniciado después del 12 de octubre de 2021.

La Corte en ese entonces dio el plazo de un año al Ministerio para reformar el reglamento del Código de Ambiente, con el fin de mejorar el proceso de participación ciudadana, para que se opine sobre los efectos, positivos o negativos, que pudieran generar estas obras dentro de la comunidad. Se llegó a considerar que los planes solo estaban siendo informados y que no se estaba receptando la opinión popular.

Ese plazo venció en octubre de 2022, pero José Dávalos, ministro de Ambiente, aclara que desde su gestión no ha existido ningún tipo de incumplimiento. El funcionario explicó ayer a EXPRESO que luego de la orden de suspensión de la Corte, hubo dos nuevas sentencias con nuevas disposiciones respecto a la consulta ambiental, lo que ha originado, dijo, esta demora de año y medio.

Uno de los mandatos es que todo acto normativo del Ejecutivo (como la reforma solicitada) debe someterse también a una consulta prelegislativa, siempre que esto pudiera afectar los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas. No obstante, Dávalos explicó que esto trastocó la planificación, “por eso en diciembre pasado se emitió un decreto disponiendo a las entidades públicas cómo deben hacer esa consulta, pero eso implicó que en aras de la participación ciudadana tengamos que traducir las normas a las 14 lenguas que existen en el país y eso toma su tiempo”, explicó.

No obstante, desde el sector productivo se teme por una mayor demora. Holbach Muñeton, presidente de la Cámara de Turismo, espera que la emisión de estos permisos se pueda retomar antes de que el sector recupere la normalidad, pues este también ha paralizado proyectos a raíz de varios factores como el clima y la inseguridad. Los cambios, dijo, deberían llegar no solo para agilizar procesos, sino también costos.

Según el Ministerio, el 18 de abril culminó el periodo para receptar ideas de las comunidades en torno a la consulta prelegislativa para reformar el reglamento del Código. Ahora lo que se está haciendo es tabular las observaciones recogidas para incluirlas en el proyecto, para la próxima semana enviarlo a la Presidencia de la República, que deberá a su vez emitir un decreto para concretar la reforma.

La meta, dice, es culminar todo este proceso hasta fines de mayo. “La ventaja es que durante todo este tiempo sí se ha venido avanzando en el contenido de ese borrador”. Concretada la reforma, el proceso que sigue es encaminar las consultas ambientales por cada proyecto, como requisito previo a la emisión de licencias.

• ENTREVISTA. José Dávalos, ministro de Ambiente.

Un juez ordenó al Ministerio crear una norma transitoria para resolver esto. ¿Por qué no se eligió esa vía rápida?

Por más transitoria que sea, no se puede. Hay que cumplir lo que dice la Corte Constitucional. Y si fuera la opción sacarla, también debe someterse a la consulta prelegislativa. También debo traducirla a 14 lenguas.

¿La opinión que tenga la ciudadanía será vinculante para decidir si se da o no una licencia?

No es vinculante, porque así lo establece la propia Corte. Pero sí tienen que ser escuchados y nosotros, como institución pública,    motivar la inclusión de sus observaciones. Que se los escuche y que eso sea vinculante es distinto.

La demora de un año y medio no deja de marcar un mal precedente para el arribo de inversión. ¿Cómo evitar que esto se repita?

Si hay algo que se debe mejorar para que esto no se repita es trabajar en la calidad de las leyes. Es un tema que pasa por cómo se legisla. Si se declara inconstitucional algo, es porque hay errores que no se detectan a tiempo.