El estado de excepción, que rige en el país hace 11 días, empieza a poner entre la espada y la pared a las empresas que por obligación y por su giro de negocio han debido paralizar sus actividades. Sin operar no tienen ingresos y sin ingresos podría complicarse el pago de salarios, no solo el próximo fin de mes, sino el tiempo que duren las medidas de aislamiento que el Gobierno ha impuesto para frenar el coronavirus. Un escenario que preocupa porque sobre la mesa, dicen los empresarios, no tienen los instrumentos legales que cubran sus reales necesidades.

Según el Ministerio de la Producción, esta medida ha hecho que al menos un 70 % del aparato productivo del país cese la totalidad de sus operaciones. Locales comerciales, peluquerías, hoteles, concesionarias, bares y discotecas, entre otros, se han quedado sin atender al público y sin percibir recursos.

Como medidas de estímulo y estrategia para cuidar las plazas de empleo, el Gobierno ha activado la jornada reducida y la suspensión laboral, para los casos más extremos. No obstante, la ley les obliga a seguir cancelando sueldos y, el en caso de la suspensión, a recuperar más adelante las jornadas perdidas.

El nuevo ministro de Trabajo, Luis Poveda, ha aclarado a EXPRESO que de enfrentar extrema iliquidez, las empresas tienen, en última instancia, la opción de firmar convenios con sus trabajadores para diferir los pagos o aplazarlos. Sin embargo, para Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Turismo diferir los pagos no es una solución. Eso, dice, es seguir hundiendo a las empresas que desde antes ya atravesaban por momentos complicados. “Es fácil decir que la empresa siga acumulando pagos, que se siga hundiendo, decirle a los trabajadores que igual van a ganar aunque no haya ventas ni ingresos, pero eso es injusto. Y los trabajadores, estoy seguro, entienden esto”. En el escenario actual, asegura Muñetón, los hoteles que se mantienen cerrados, no alcanzarían a cubrir necesidades ni este fin de mes, peor el próximo.

La incertidumbre y real problema es que no se sabe cuánto más esta crisis se pueda alargar. De ahí que plantea, sobre todo para los sectores más críticos, una suspensión laboral, pero sin salario.

A este pedido también se une Juan Carlos Díaz-Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG). Para él, en una situación excepcional como la que se vive, esa sería una alternativa para ayudar a las empresas a conservar las plazas de trabajo.

Hay empresas de otros sectores que creen que en esta situación podrían subsistir hasta fin de mes, pero la gran preocupación sigue siendo qué sucederá los próximos meses.

En el sector automotor, 5.600 trabajadores están parados, señaló David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae). En el caso de los restaurantes, la preocupación principal está en qué se hace con los trabajadores. Por ahora, los establecimientos de Guayaquil están agremiándose para presentar sus preocupaciones al Gobierno, señaló Franccesca Ferrero, propietaria del local Morogrill, quien encabeza la iniciativa en la ciudad.

En este segmento de afectados también aparecen las trabajadoras domésticas y los empleados de bares y discotecas. Este último sector, recuerda Enrique Barreiro, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Guayaquil, es uno de los más golpeados, puesto que fue obligado a cerrar con anticipación, desde el 13 de marzo en que empezó esta emergencia sanitaria. De acogerse a la suspensión laboral con sueldo, él se pregunta cómo los empleadores de su sector podrían hacer que sus trabajadores recuperen las jornadas perdidas. Generalmente trabajan solo jueves, viernes y sábados en horarios nocturnos ya limitados. 

La última palabra ahora la tiene el Ministerio de Trabajo. Este Diario conoció que varias sectores programan reuniones con la autoridad, para exponer en detalle sus necesidades.

• PROPUESTA EMPRESARIAL

“HAY OTRAS FORMAS DE DAR LIQUIDEZ A LOS HOGARES”

La petición de algunos gremios empresariales, de aplicar en las próximas semanas o meses una suspensión laboral, pero sin sueldo, viene acompañada de algunas sugerencias que podrían inyectar recursos a los hogares, mientras los trabajadores dejan de percibir salarios.

Juan Carlos Díaz-Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), señala que el Gobierno debe reconocer que el país atraviesa una situación excepcional, “en la que debe haber una creatividad” para expedir medidas laborales que no solo beneficien a los trabajadores, sino también a las empresas y su capacidad de seguir generando empleo en el país.

Ante ello, dice, existen otros mecanismos que podrían ayudar. Menciona, por ejemplo, la activación del seguro de desempleo o el cobro de cesantías, dos métodos a los que, aclara, podría aplicárseles reformas en estos días de emergencia. “El seguro de desempleo, que pagamos todos los meses funciona solo si una empresa despide al trabajador”. Despedir no es objetivo, pero por esta excepción podría habilitárselo. Lo mismo para las solicitudes de cesantía, para que las personas no tengan que esperar hasta 60 días para obtener el beneficio.

SITUACIÓN DE ALGUNOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

• EL COMERCIO. Con excepción de las farmacias y los supermercados, los locales comerciales han debido paralizar sus actividades. En el país existen 314.127 locales, según el INEC. El 97,6 % son micros y pequeños; el 1,9 % son medianos y el 0,5 % son grandes. Incluye tiendas, supermercados, farmacias, etc. Este sector genera 537.000 empleos adecuados.

• DISCOTES Y BARES. En Guayaquil se contabilizan cerca de 4.000 establecimientos nocturnos. La preocupación de sus propietarios es cómo aplicar la figura de suspensión laboral. Esta implica que los empleados tengan que, posteriormente, recuperar horas de trabajo, pero el tipo de negocio y sus horarios no se los permitiría.

• RESTAURANTES. Los propietarios de restaurantes han buscado agremiarse y pedir ayuda al Gobierno. En Quito, 400 establecimientos se han unido y en Guayaquil 30, señaló Franccesca Ferrero, propietaria del local Morogrill, en Guayaquil. La principal preocupación, dijo Ferrero, es la situación laboral de sus empleados.

• HOTELES. En el país, según el INEC 4.180 establecimientos ofrecen servicios de alojamiento, entre ellos están los campamentos turísticos, casa de huéspedes, centros de turismo comunitario, hostales, hosterías, hoteles. Más de 3.600 de estos lugares son establecimientos pequeños, según la Federación.

• ALIMENTOS Y BEBIDAS. Si bien el sector de alimentos no ha tenido restricciones para operar, la distribución y logística ha presentado algunos problemas, aseguró Christian Wahli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (Anfab). Uno de los inconvenientes ha sido que el 70 % de las tiendas ha cerrado.

• ENSAMBLADORAS DE CARROS. Las plantas de autos del país actualmente están paradas, aseguró David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador (Cinae). Actualmente, 5.600 trabajadores están parados y el sector plantea alternativas al Gobierno; compartir pago de sueldos con el IESS e incrementar aranceles.

• TRABAJADORAS DOMÉSTICAS. Debido al toque de queda que rige en el país, muchas empleadas domésticas han debido dejar de trabajar, aseguró Marianela Viteri, presidenta de la Organización de Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. La principal preocupación, señaló Viteri, es qué pasará con sus sueldos.

• CENTROS DE BELLEZA / GIMNASIOS. Los servicios de cuidado personal y belleza en el 2018, según el INEC, reportaban 11. 956 personas afiliadas a la Seguridad Social, frente a 13.961 locales registrados. Estos establecimientos también han debido cerrar completamente, por no estar dentro de los sectores priorizados. A este sector se suman los gimnasios.