Extinción de dominio en Ecuador: Lo que cambiaría tras la Consulta Popular
Que se incluya esa figura legal en la Constitución es una de las propuestas del Gobierno de Daniel Noboa
Una de las preguntas del referéndum que plantea para el próximo 16 de noviembre el Gobierno del presidente Daniel Noboa es incluir la extinción de dominio en la Constitución, lo que daría mayor respaldo legal y permitiría acelerar procesos judiciales para confiscar bienes mal habidos.
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Esta propuesta, que Noboa toma como herramienta para combatir el crimen organizado y la corrupción, forma parte de las preguntas del referéndum constitucional del 16 de noviembre de 2025, junto con otras reformas como la eliminación del financiamiento estatal a partidos políticos y la autorización de bases militares extranjeras.
¿Qué es la extinción de dominio?
La extinción de dominio es un mecanismo legal que permite al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, sin necesidad de una condena penal previa. Se aplica a propiedades, vehículos, dinero y otros activos vinculados a delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción o enriquecimiento ilícito.
Entonces, ¿qué cambiaría sobre la extinción de dominio tras la Consulta Popular?
La extinción de dominio en Ecuador está regulada por la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, vigente desde mayo de 2021. De llegar a ganar la pregunta sobre la extinción de dominio, ese mecanismo pasaría a ser parte de la Constitución.
De acuerdo con lo que ya ha explicado el Gobierno, a través de esa inclusión, el Estado podría iniciar procesos civiles independientes del penal, lo que evita que los bienes permanezcan congelados durante años.
Así, el Estado podría reutilizar esos bienes o subastarlos para financiar programas sociales o de seguridad. Además, al perder sus bienes, los delincuentes enfrentarían un castigo económico inmediato, incluso si no hay condena penal.
No obstante, la Corte Constitucional de Ecuador ha advertido que esta figura, sin controles claros, podría usarse políticamente para perseguir opositores o empresarios, además de que se podría vulnerar al debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
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