El sector productivo manifiesta su "profunda preocupación" por el dictamen que la Corte Constitucional (CC) ha emitido en contra del Acuerdo Comercial entre Ecuador y Costa Rica.  Esta decisión, dicen, "va en sentido contrario y dilata todos los esfuerzos que hemos impulsado para asegurar la apertura de mercados para nuestros productos de exportación, así como alternativas seguras de atracción de inversiones extranjeras que amplíen la capacidad de generación de empleo". 

Así lo manifestó la Federación de Exportadores de Ecuador (Fedexpor) en una misiva donde recuerda que, como gremio, participó de la presentación de un amicus curiae que puso en contexto la necesidad y viabilidad legal de avanzar favorablemente en el dictamen. 

La noche del pasado lunes, la Corte dictaminó que ciertos artículos del capítulo 11 y capítulo 15 del acuerdo, vinculados al tema de inversión, son incompatibles con el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre la soberanía que debe tener el país en resolución de conflictos. Según una interpretación del organismo, estos abren la puerta a que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana, “toda vez que dichos artículos contemplan la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas, es decir personas naturales y jurídicas privadas, y Estados, a través de instancias de arbitraje internacional como el Ciadi”, algo que está prohibido por ley.

Según Fedexpor, no se ha actuado de forma oportuna al hacer esta interpretación, que originará que el país deba reabrir su negociación con Costa Rica, "desgastando la imagen y la seriedad de Ecuador, a nivel internacional, para hacer negocios y generar empleo". 

Un criterio parecido tiene la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), que considera que esta dictamen tendrá implicaciones negativas porque marca un mal precedente para la firma de otros acuerdos, "lo que podría limitar aún más la posibilidad de atraer inversiones". 

"La Constitución de Ecuador es clara: no solo especifica que el arbitraje internacional no está prohibido sino que la propia norma suprema lo reconoce como un medio de solución de controversias. Lo que se encuentra prohibido es ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el estado y personas naturales o jurídicas privadas", señalan.