La obligatoriedad para el cambio de las facturas físicas a electrónicas, que se dio en noviembre de 2022, ha implicado un ajuste en los controles por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI).

La omisión en la entrega de comprobantes de venta o la entrega de los mismos sin que cumplan los requisitos legales o reglamentarios conlleva una infracción tributaria. Esta puede ser una sanción pecuniaria con montos que llegan hasta 1.500 dólares. Y también están las clausuras de los establecimientos.

En 2020, con la llegada de la pandemia, los procesos de cierre de negocios por este concepto disminuyeron y se mantuvieron constantes hasta el 2021. Fue el año pasado que estos tomaron fuerza y se duplicaron. Es así que, desde el 2020 a marzo del 2023, el SRI ha efectuado más de 2.600 clausuras por la falta de entrega de comprobantes de venta. (ver gráfico).

Desde el año 2022 hasta mediados de marzo, el SRI ha ejecutado alrededor de 600 controles. Para este año, estas acciones se han ajustado al proceso de transición de la emisión de comprobantes físicos a electrónicos.

Según el SRI, estos controles se realizan a través de acciones informativas y/o acciones disuasivas. Esto con el objetivo de que “el contribuyente regularice de forma voluntaria la emisión de los comprobantes electrónicos”. En caso de que los contribuyentes no se regularicen voluntariamente se aplican las acciones sancionatorias, indicó la entidad.

De todas formas, la administración tributaria señaló que los controles en campo para las clausuras no han cesado. Estos se siguen ejecutando, a través de fedatarios fiscales que visitan los establecimientos comerciales y proceden a la clausura de los establecimientos que no cumplen con sus obligaciones de facturación.

Para el abogado tributarista, Javier Bustos, el control de la emisión de comprobantes, ahora que se ha masificado la versión electrónica, representa un desafío para el SRI.

Por ejemplo, los controles en campo para revisar la emisión del comprobante de venta no ayudarán a determinar si se cumplió o no la obligación, dice el experto. “Un local puede entregar un papelito, que puede tener o no validez, lo importante es que esa transacción se registre en el documento digital y llegue al SRI. El contribuyente no tiene la obligación de emitir ese mismo momento el comprobante electrónico y eso no lo podrá determinar el fedatario, para señalar que hay un incumplimiento”, dijo Bustos.

También este tipo de controles no serán eficaces para operaciones que se pueden hacer por internet, sobre todo por redes sociales, según el experto. El propio SRI ha reconocido que en ese campo hay un gran reto para formalizar a estos negocios.

Para ello es importante que la entidad aproveche los recursos tecnológicos que ya maneja, como el big data, cruce de información con instituciones, entre otros, consideró Bustos. “La tecnología permitirá que la Administración Tributaria pueda implementar estrategias para combatir la evasión y la elusión. Así también podrá nuevos mecanismos de control”, aseguró.