El sistema de pensiones en Ecuador: un diagnóstico crítico y propuestas urgentes
Alberto Dahik y Augusto de la Torre advierten que el déficit del IESS supera los $ 3.000 millones y requiere ajustes urgentes
En la conferencia realizada en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, los economistas Alberto Dahik y Augusto de la Torre alertaron sobre la crisis del sistema de pensiones en el país, subrayando la necesidad de reformas profundas y consensuadas para evitar un colapso inminente.
El sistema de pensiones en Ecuador atraviesa una crisis estructural. Durante la conferencia sobre seguridad social, Alberto Dahik, exministro de Economía y Finanzas y actual director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (CESDE), recordó que desde hace décadas se advierte un escenario crítico que nunca fue atendido con seriedad. En sus palabras, el mayor problema es que algunas personas “no entienden sus problemas” y uno de los que menos comprenden es justamente el de la seguridad social.
Dahik explicó que los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) están fragmentados, pensiones, cesantía, salud, riesgos de trabajo, entre otros, y que no todos gozan de independencia real, pues las obligaciones del Estado con la seguridad social son en gran parte incobrables. Así, aunque en los registros el fondo de invalidez, vejez y muerte aparece con más de 11.000 millones de dólares, en realidad los activos líquidos serían apenas la tercera parte, lo que refleja un sistema prácticamente quebrado.
Déficit y sostenibilidad
Los números son contundentes. En 2024, los aportes sumaron cerca de 3.000 millones de dólares, mientras que los pagos por pensiones alcanzaron los 6.300 millones, generando un déficit básico de alrededor de 3.300 millones. Augusto de la Torre, experto en macroeconomía y ex gerente general del Banco Cental del Ecuador, fue categórico: incluso si el Estado cumple con su obligación de aportar el 40% de las pensiones, ese dinero resulta insuficiente para cubrir los pagos, lo que convierte la situación en “explosiva”.
El experto señaló además que la raíz del problema es demográfica. Ecuador está envejeciendo a un ritmo acelerado: la proporción de jubilados crece mucho más rápido que la de afiliados activos, lo que aumenta la presión sobre el sistema. “Lo que a países como Estados Unidos les tomó un siglo, a América Latina le tomará apenas 15 años”, advirtió.
Mitos y realidades
De la Torre desmontó varias “leyendas urbanas” que circulan en el debate público. Una de ellas es que el problema se resolvería si el Estado pagara puntualmente la deuda con el IESS. Según explicó, esa deuda vinculada a pensiones no supera los 5.000 millones, una cifra pequeña frente al déficit creciente. Otra creencia equivocada es que la solución estaría solo en mejorar la administración: “aunque se lograra un rendimiento adicional del 2% en las inversiones del fondo, eso representaría apenas 130 millones, frente a un déficit de miles de millones”.
Hacia una reforma integral
Ambos expositores coincidieron en que la salida pasa por una reforma profunda y pactada políticamente. La Comisión Técnica conformada en años anteriores ya elaboró una propuesta que incluye cambios paramétricos, como aumentar gradualmente los años de aporte y calcular la pensión en función de más años laborales, en lugar de solo los cinco mejores, además de fomentar un sistema complementario de ahorro individual.
De la Torre resaltó que Ecuador ya cuenta con una base para avanzar hacia este modelo: el fondo de cesantía, que podría convertirse en la semilla de un esquema de ahorro para la vejez. El objetivo es crear un sistema mixto que combine solidaridad y responsabilidad individual, asegurando que los afiliados de bajos ingresos mantengan pensiones dignas mientras quienes tienen mayores ingresos aporten de manera más equitativa.
El llamado de urgencia
Para Dahik, postergar la discusión es insostenible: “El déficit no es lineal, es exponencial. Cada año se agranda y mientras más se demore, más doloroso será el ajuste”. De la Torre, por su parte, concluyó que todavía hay tiempo para evitar un colapso social, pero se requiere decisión política: “Es un desperdicio que una propuesta técnicamente armada duerma en los cajones. Si no se actúa pronto, el país enfrentará una catástrofe social en pocos años”
