Diésel sin subsidio: Expresos escolares y transportes pesados esperan la compensación
Se han activado los diálogos entre los líderes de los transportistas comerciales y las autoridades
Se espera que las autoridades creen una plataforma para la inscripción de los transportes comerciales, que corresponde a los expresos escolares y al transporte pesado. Así lo indicó a Diario EXPRESO Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador.
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Agregó que se está trabajando para que cada operadora o cooperativa envíe la información de las unidades que forman parte de su flota. A partir de ello, se implementará la plataforma para los transportes comerciales.
Guamán enfatizó que la compensación la recibirá el dueño de cada unidad, pero esto dependerá de la información que presenten las operadoras de transporte comercial.
El diálogo con los transportistas públicos
El plan de compensaciones que el Gobierno anunció tras la eliminación del subsidio al diésel se sigue analizando en mesas de diálogos. En el sector de la transportación intra e interprovincial, los acuerdos han permitido atenuar el impacto del alza del combustible, aunque persisten dudas y cuestionamientos sobre su aplicación.
Abel Gómez, gerente de la Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros Inter e Intraprovincial del Ecuador (Fenacotip), en una entrevista con Teleamazonas recordó que esta discusión no es nueva. “La historia se repite desde el 2019. En ese entonces no se escucharon nuestras propuestas y las consecuencias fueron graves, tanto para el país como para los dirigentes. Hoy, al menos, hemos logrado sentarnos en mesas técnicas con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional”, señaló.
Entre los puntos acordados constan temas de seguridad, chatarrización, pago de deudas históricas y, sobre todo, la definición de montos de compensación. El Gobierno aceptó incrementar los cupos de diésel reconocidos: 1.000 galones para el transporte intraprovincial y 1.800 galones para el interprovincial, aunque el plazo de la ayuda se redujo de ocho a seis meses.
Durante ese tiempo, las partes —Gobierno, transportistas y academia— deberán levantar cifras más precisas sobre el consumo real de combustibles, un punto donde las cifras oficiales y las del gremio difieren de manera significativa.
Gómez advirtió que la solución definitiva dependerá del Ejecutivo: “En seis meses el presidente deberá tomar una decisión. Nosotros hemos propuesto la focalización del subsidio, otras alternativas de compensación, incluso beneficios tributarios. Pero lo que no puede pasar es que se deje a la transportación sin un mecanismo que sostenga la operación”.
Pese al descontento en las bases, el dirigente descartó paralizaciones. Explicó que el objetivo es pasar de la protesta a la propuesta: “La inconformidad existe, por la inseguridad y la falta de reactivación, pero no vamos a paralizar al país. Estamos en una hoja de ruta que privilegia el diálogo”.
Por ahora, el sector transportista se mantiene expectante y con la mirada puesta en el horizonte de seis meses, cuando llegue la hora de revisar las cifras y definir el futuro de las compensaciones.
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