Agro exige focalizar compensaciones y un pago justo tras retiro de subsidio al diésel

El sector agropecuario pide que las compensaciones por el retiro del subsidio al diésel sean focalizadas y lleguen únicamente a quienes realmente trabajan la tierra. Agricultores y gremios reclaman que el bono y los créditos anunciados no resuelven los problemas de fondo, como el incumplimiento del precio mínimo de sustentación del arroz o los altos costos de producción. Insisten en un plan integral que combine ayudas directas con reformas que fortalezcan al campo.

Ayer, 15 de septiembre de 2025, el Gobierno entregó los primeros 70.000 bonos al sector agropecuario, como parte de las medidas de compensación que se ofrecen al sector productivo, tras el retiro del subsidio al diésel.

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El apoyo económico llega apenas dos días después de que el precio del galón del combustible pasara de 1,80 a 2,80 dólares. La medida ha recibido el respaldo de los principales gremios del país; no obstante, se exigen que este cambio llegue con un plan integral que proteja sus operaciones.

El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) destaca que la decisión aleja la necesidad de crear nuevos impuestos, evita el contrabando y la informalidad, y estimula un ambiente de inversión más seguro. Puntos con los que coincide la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), aunque este último gremio pide una implementación ordenada que permita proteger la competitividad y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En el agro, también surgen voces a favor, aunque con ciertas exigencias. Se pide que la compensación esté focalizada, bien dirigida y que abarque a más beneficiarios, además de complementarse con un plan integral que atienda otros reclamos planteados al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, que agrupa a productores de ocho provincias, desde Carchi hasta Chimborazo, con unos 280.000 agricultores, se espera que las compensaciones anunciadas por el Gobierno se ejecuten de manera adecuada y lleguen a quienes realmente producen en el campo. Su presidente, Francisco Chiriboga, admite que la focalización es necesaria porque los subsidios a los combustibles históricamente se han desviado a otros sectores como la minería, la pesca ilegal, el contrabando e incluso para la elaboración de las sustancias que están sujetas a fiscalización. “El Ecuador tiene que consolidarse como potencia agroexportadora y no puede seguir sosteniendo subsidios incontrolados”, afirma.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno están El bono RAÍCES, que comprende la entrega de $.1000, por una única vez, a 100.000 pequeños productores del país. También un crédito con una tasa de interés al 7 %, a 7 años plazo. No obstante, Chiriboga agrega que para minimizar los efectos, las compensaciones deben complementarse con otros incentivos productivos como la reducción de la presión tributaria; reformas laborales que permitan mayor flexibilidad en la contratación y la simplificación de trámites para el sector exportador.

Sin paternalismo, pero con atención al campo

Desde el sector bananero, el presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, Segundo Solano, advierte que no buscan un Estado paternalista, pero sí uno que proteja al sector productivo. “De lo contrario, el país arriesga su seguridad alimentaria y su principal producto de exportación no petrolero, que es el banano”, señala.

Solano recuerda que las bananeras no usan tractores, sino bombas de riego, carros para trasladar cajas, materiales y contenedores que luego deben ir al puerto con la fruta, procesos que dependen directamente del diésel y que pueden encarecer los procesos productivos.

Otros dirigentes, como Jorge Suárez, vocero del Frente de Organizaciones Agrícolas de Santa Lucía y Palestina, advierte que el combustible representa cerca del 30 % de los costos de producción del arroz. Según él, pagar más por el diésel puede llevar a la quiebra a miles de agricultores.

“El diésel es clave: se usa en la rozadora, la fangueadora, la bomba de riego, la cosechadora y hasta en el transporte a la piladora. Todo se encarece. Un alza de más de un dólar por galón no la podemos absorber”, explica.

Suárez propone una focalización directa del diésel para el agro a través de las asociaciones campesinas. “Hoy para comprar combustible ya se necesita un permiso especial. Con un registro de coordenadas y consumo real por hectárea se puede garantizar que la compensación llegue solo a quienes trabajan la tierra”, subraya.

El Fosac, por su parte, pide la construcción de tres nuevos centros de almacenamiento de arroz que permitan absorber la producción en años de abundancia y sostener precios justos para los agricultores.

Dentro de lo debates también hay reclamos por la falta de diálogo

 Rafael Santos Rivas, presidente del Pueblo Montubio de Daule y coordinador del Centro Agrícola de Daule, sostiene que las decisiones se tomaron sin consultar a quienes más sufrirán el impacto.

“Si nos hubiesen llamado antes, podríamos haber discutido cómo priorizar sectores y buscar una compensación real. Lo que se ha hecho hasta ahora es ganar espacio con bonos, pero no se ha resuelto el problema de fondo”, concluye.

A todo esto se suman los pendientes que según los miembros de la asociación Defensa de los Agricultores el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, tiene con el sector. Reclaman que aún no se paga el precio mínimo de sustentación de los productos agrícolas, por ejemplo, por la saca del arroz les pagan 25 y no 34 dólares como debe ser. “Prometieron comprar 50.000 toneladas de arroz al agricultor y no lo han hecho todavía”, dijo José García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Otro pedido es que las piladoras reciban 205 libras por saca de arroz y no que exigen 220 libras.

En definitiva, el retiro del subsidio al diésel abre una nueva etapa para el agro y la economía nacional. El reto ahora es que las compensaciones y políticas complementarias lleguen a tiempo y de forma justa, de modo que la transición fortalezca al sector productivo en lugar de debilitarlo.

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