Uno de los principales problemas inmobiliarios en España son los desahucios, que ocurren cuando una persona deja de pagar la hipoteca o el alquiler. No obstante, esta sanción está envuelta de varios cuestionamientos. No solo que en los procesos de desalojos no se tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad; sino que, en su mayoría, a pesar de perder la propiedad, las personas siguen siendo responsables de la deuda.

Este es el caso de Mirian Pacheco, una ecuatoriana que, junto a su hija Cristina Reyes, ha estado luchando para que no les quiten su casa. Han pagado 97.000 euros al banco que les otorgó el crédito hipotecario. Después de la crisis económica de España en 2008, Mirian perdió uno de sus trabajos, lo que le impidió seguir pagando la mensualidad completa. A pesar de que se le prometió una moratoria (prórroga de pago), esta nunca se llevó a cabo. Como resultado, fue obligada a ir a juicio. El banco vendió su deuda a un fondo de titulización, el cual, según la versión de las perjudicadas, no buscó dialogar con ellas para llegar a un acuerdo de pago.

El pasado martes, en la capital española, se concentraron un centenar de personas en una manifestación pacífica para expresar su rechazo y protestar enérgicamente contra el desahucio de Mirian. La Policía había acordonado la zona para garantizar la seguridad, pero a pesar de los gritos y las lágrimas de las personas que acompañaban a las ecuatorianas, no se detuvo la acción de desalojo.   

La escena fue desgarradora, con manifestantes indignados y conmovidos por la situación de Mirian y su familia, quienes se encontraban en una situación desesperada. La falta de empatía y la aparente indiferencia de las autoridades generó aún más indignación entre los presentes; ya que la ecuatoriana tuvo un accidente laboral y no tiene fuerza en una pierna. Además, padece de artrosis y necesita usar un bastón para poder caminar.

Al sitio llegaron personas de diferentes nacionalidades, incluyendo españoles, ecuatorianos, peruanos, colombianos y bolivianos. La manifestación se llevó a cabo en un ambiente de solidaridad y unidad, con pancartas y consignas que exigían justicia y un trato digno para todas las personas afectadas por los desahucios.

"El problema es más grande de lo que parece, ya que en realidad no se habla públicamente sobre el tema. Incluso, los desahucios continúan realizándose a diario en grandes cantidades, a pesar de que se dice que no se llevarán a cabo. Pero este negocio continúa, con la terrible consecuencia de dejar a familias vulnerables en la calle, personas que no pueden recuperarse fácilmente de la crisis que aún persiste", señaló Benito García, representante de la Plataforma de Afectados por Hipotecas de España (PAH).

Según el Consejo General del Poder Judicial español, en promedio, se han ejecutado 71 desahucios al día en España durante el año 2023, aunque no se disponen de las cifras del último trimestre. El Consulado de Ecuador en Madrid mantuvo un servicio de asesoría jurídica hipotecaria para ecuatorianos afectados con esta problemática, pero ese servicio fue suspendido en el 2020 después de la pandemia. Aunque este Diario solicitó al Consulado información de cifras de ecuatorianos que mantienen el problema hasta la actualidad, no se recibió respuesta.

“El Gobierno de Ecuador debe empezar a registrar cuántas personas estamos en esta situación. Hay gente que no se llega a enterar hasta el día que le toca salir de su casa, porque no saben que la vivienda que se han comprado en su momento ya no es suya, que ahora pertenece a un fondo de titulización (…) A lo mejor el Presidente (Noboa) no sabe que mucha gente en España estamos en este problema de estafa, por los bancos muchos de ellos, sería importante que reciba a los migrantes para ver cómo los pueden ayudar”, afirma Cristina Reyes, descendiente de Mirian.

Otra de las asistentes a la manifestación expresó que se comete "una injusticia grave" en estos casos. María Isabel López, una española de 75 años, se siente impotente: "Lo único que pretendemos quienes nos sentimos perjudicados es que nos atiendan, nos escuchen y nos devuelvan nuestras casas. Hemos pagado mucho dinero y, encima, el fondo de titulización se queda con la casa y con el dinero que ya hemos invertido. Pero, ¿de qué se trata esto? Esto tiene que parar. Queremos que nos escuchen, porque cada caso es único".

Durante el proceso de desalojo de Mirian, varias personas la apoyaron dentro de su apartamento. Una de ellas fue Diana Paredes, diputada en la Asamblea de Madrid, quien explicó a EXPRESO que es fundamental movilizarse. La situación se vuelve compleja para las personas con problemas de desahucio, ya que se “siguen quedando con deudas” a pesar de ya no tener su bien inmueble.

“Gracias también al apoyo de las movilizaciones, muchas veces se consigue llegar a algún acuerdo con el banco, que nos den una alternativa o a lo mejor la dación en pago, pero es una cosa que hay que pelearla caso por caso. Es decir, no es una cosa que sistemáticamente aplica para todas las personas”, afirmó.

Además, se enfatizó que, a pesar de que existe una Ley de Vivienda por parte del Estado, "depende de la aplicación que cada comunidad autónoma haga. Entonces, si la Comunidad de Madrid no modifica su ley de acuerdo con la Ley de vivienda estatal, no va a pasar nada. Se necesita esa voluntad política", insistió Paredes.

Este medio de comunicación también solicitó una entrevista a la gestora del fondo de titulización para obtener su versión de esta problemática, sin embargo, no hubo contestación.

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